viernes, 21 de noviembre de 2014

DEL PAYASO BARRICADA, Blog. La noticia que no fue.


Por Nicolás Lovaisa

El mapa electoral que imaginaba el Partido Socialista para 2015 era claro: Hermes Binner como candidato a presidente de la coalición Frente Amplio UNEN y Miguel Lifschitz buscando retener la provincia con el Frente Progresista Cívico y Social. Sin embargo, ambos están en la mira de la justicia porque como presidente y tesorero del partido de la rosa rubricaron un balance que, por las irregularidades detectadas, fue desaprobado por el juez federal Reinaldo Rodríguez.

La información fue dada a conocer el domingo pasado a través de Redacción Rosario y desde allí adquirió relevancia nacional. La investigación judicial en marcha se posa sobre la campaña de 2007, en la que Binner fue electo gobernador y Rubén Giustiniani acompaño la fórmula presidencial de Elisa Carrió. En el marco de esa contienda electoral el PS recibió aportes por casi dos millones de pesos que no pudo justificar.

Las observaciones, que nunca fueron contestadas por las autoridades partidarias, derivaron en la desaprobación del balance, decidida por el juez federal Reinaldo Rodríguez. “El Partido Socialista no logra poner en conocimiento de la ciudadanía en forma clara la evolución financiera y patrimonial registrada durante el período de 2007”, afirma en su escrito.

Más allá del balance, según pudo confirmar El Eslabón, la Cámara Nacional Electoral tampoco aprobó el Informe Final de Campaña de ese año, ni en la elección legislativa, ni en la presidencial. Los “responsables de la información” (así figura en el texto) de ese informe son el presidente, Hermes Binner; el tesorero, Miguel Lifschitz; el responsable económico-financiero, Omar Saab y el responsable político, José Leon Garibay.

Sin justificar

Durante 2007 el PS recibió aportes privados por un total de 1.879.207,07 pesos, divididos de la siguiente manera: $ 565.394,48 de Aportes Partidarios para Fines Generales; $ 938.172,59 de Aportes Privados para Campaña Provincial; $ 316.740 de Contribuciones y Donaciones Privadas de Personas Jurídicas para Campaña Nacional y $ 58.900 de Contribuciones y Donaciones de Personas Físicas para Campaña Nacional.

En su informe León Derhovsepian, auditor del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral, sostiene que “no se acompaña la documentación respaldatoria de los ingresos”, sino “una lista detallada de aportes de personas físicas titulada Aportes Partidarios 2007 que totaliza 781.907,07 y que no coincide con ninguno de los totales detallados”.

En 2008 el auditor le solicita al PS “la lista completa y detallada de aportes y la documentación respaldatoria del ingreso de los fondos”. Nunca tuvo respuesta.

Más allá del informe del auditor, en estos años tres fiscales federales desaconsejaron la aprobación del balance: Cintia Gómez, Marcelo Del Teglia y Walter Rodríguez. Ante estos incumplimientos el juez federal Reinaldo Rodríguez le aplicó al PS una multa del 18 por ciento sobre los fondos aportados por el Estado nacional (luego la suspensión cautelar sobre el total de los mismos) y la pérdida de los aportes extraordinarios que el Estado realiza para el financiamiento de los partidos políticos.

Para el juez, el PS “se apartó de las disposiciones legales aplicables respecto a la rendición de cuentas de los fondos y al patrimonio administrado por esa agrupación, por lo cual las deficiencias del informe señaladas por la auditoría y no subsanadas por el interesado son de tal magnitud que impiden la aprobación del mismo”. Por eso “la agrupación política no logra poner en conocimiento de la ciudadanía en forma mínimamente clara o al menos aceptable la evolución financiera y patrimonial registrada durante el período de 2007”.

Investigación en marcha

El fiscal federal Walter Rodríguez solicitó una serie de medidas probatorias que apuntan a dilucidar cuáles fueron los aportes privados por casi dos millones de pesos sin justificar.

En su escrito precisa cuáles son las imputaciones. En primer lugar, “la imposibilidad de acreditación del origen y destino de los fondos partidarios correspondientes al ejercicio anual patrimonial del año 2007 del Partido Socialista, que guarda vinculación con los estados contables desaprobados en el ejercicio anterior” y, por otra parte, “la dación, aceptación y recibimiento de contribuciones prohibidas expresamente por ley”.

Según entiende el fiscal, los hechos “en principio resultan jurídicamente calificables como falta de acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos, por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de campaña (artículo 63, inciso b, de la ley 26215), entre los cuales en ese momento aparecerían Binner y Liftschitz.

En este sentido, vale recordar lo publicado por Redacción Rosario el día domingo: el antecedente por el cual a Jorge Sobisch, en una causa similar, se lo inhabilitó por dos años, lo que afectó “sus derechos para de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios”. Esa limitación no sólo sería para elecciones nacionales, sino también provinciales, por lo que complicaría las aspiraciones presidenciales de Binner y también las de Lifschitz, que tiene como objetivo suceder a Antonio Bonfatti en la Casa Gris.

Ingresos prohibidos por ley

El juez federal Reinaldo Rodríguez también cuestionó algunos aportes que el Partido Socialista recibió en esa campaña y que se encuadrarían dentro de las prohibiciones previstas por la ley de financiamiento de partidos políticos, como “la aceptación y recibimiento de contribuciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas por un lado, y de asociaciones sindicales, patronales y profesionales por el otro”.

En su escrito, el fiscal Walter Rodríguez sostiene que el PS “no subsanó las observaciones formuladas por León Derhovsepian, integrante del Cuerpo de Auditores Contables de la Cámara Nacional Electoral”.

El perito había realizado “un análisis pormenorizado a lo largo de su dictamen, del que se desprende la falta de inclusión de gastos de propaganda, y la ausencia de inclusión de gastos informados por terceros que fueron circularizados por el Tribunal; además de haber detectado varios aportes expresamente prohibidos por la ley”.

Sobre ese punto, Rodríguez explicó que en la causa constaban los siguientes aportes que estarían incluidos en las prohibiciones dispuestas por la ley 26.215:

1) Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de Rosario ($10.000).
2) Asociación de Cooperativas Argentinas CL ($5.000).
3) Cámara de Estaciones de Servicio y Garaje ($6.000).
4) Terminal Puerto de Rosario S.A. ($11.000).
5) VFM S.A. ($15.000).
6) Monticas S.A. ($10.000).
7) Asociación de Clínicas y Sanatorios del Departamento Castellanos ($30.000).

Por último, el representante del Ministerio Público destacó que en la causa también se cuestionaba “la no incorporación de documentación respaldatoria de una presunta deuda que la Consultora Arcadia S.A. mantendría con el Partido y que ascendería a $73.596,18, la cual no fue informada por la agrupación política al momento de presentar sus estados contables”.

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