sábado, 22 de noviembre de 2014

REVISTA DESDE EL PIE. DIGITAL.

Cuarenta y tres estudiantes normalistas secuestrados y asesinados el pasado 26 de septiembre en Iguala, Estado de Guerrero.

Por Liliana Corredera

En su mayoría hijos de campesinos que se hallaban cursando la formación para profesores de primaria en la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa que ofrece educación, vivienda y alimentación gratuita. Los testimonios manifiestan que el grupo se estaba movilizando para poder asistir, en el DF, a la marcha por el 46 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco el 2 de octubre.

Fue José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, quien ordenó “que se persiguiera y se detuviera a los estudiantes con el objetivo de darles un escarmiento”. Y fue la policía municipal quien ejecutó las órdenes disparando contra los autobuses donde se trasladaban los estudiantes y, juntamente con el grupo criminal Guerreros Unidos, completaron el secuestro y asesinato de los normalistas.

Después de lo ocurrido el Alcalde de Iguala pidió una licencia por treinta días y desde entonces se halla desaparecido igual que su esposa, también funcionaria, a quien se la vincula con el cártel de los Leyva. La propia suegra de Abarca afirmó en una grabación difundida a través de las redes sociales, la vinculación de su yerno con el grupo criminal Guerreros Unidos a cambio de un pago mensual.

Y hay otros asesinatos ocurridos en el año 2013 que aparecen vinculados al accionar de este Alcalde.

El sacerdote católico Alejandro Solalinde señaló que un testigo de los hechos le manifestó que “los estudiantes fueron quemados vivos”.

Desde hace años la violencia en México tiene múltiples caras: los y las migrantes que encuentran violaciones y la misma muerte cuando dejan sus pueblos rurales rumbo a un supuesto mejor destino pasando la frontera de los EEUU, las vejaciones que sufren los y las campesinas sin posibilidades de alfabetizarse, etc.

En todos los casos se sabe que hay una profunda vinculación entre el poder político, los gobernantes, y las bandas de narcos que se hallan instaladas en el país. El Presidente Peña Nieto es interpelado por distintos organismos nacionales e internacionales pero no hay acciones concretas para limitar los atroces hechos criminales.

Dice el Juez Garzón, “Un crimen con estas características, que no es la primera vez que se produce en México, es un crimen de lesa humanidad. Y no puede haber la mínima duda de omisión en la persecución de esos crímenes porque, si hay dudas, esa omisión se puede convertir en delictiva”. De esta manera corrobora que estas atrocidades son acciones de Estado que inhiben el Estado de Derecho vulnerando los más elementales Derechos Humanos.

Y ante la elemental pregunta, por qué, tanta saña, tanta crueldad, surgen algunas explicaciones.

La hipótesis más convincente es que, el gobierno, desde hace tiempo, intenta destruir este modelo educativo. Con frecuencia, las autoridades aplican recortes presupuestarios, el cierre de algunos centros, la imposición de autoridades en sus planteles, las campañas de calumnias y descalificación de sus egresados, detenciones arbitrarias.

Históricamente las Escuelas Rurales Normales formaron parte de un proyecto de socialización de la educación propiciando la concientización y la participación como herramientas para la transformación social. Formar maestros de las regiones más pobres para que a su vez puedan educar a los hijos de los campesinos.

Desde su aparición allá por el año 1922, estas escuelas no fueron ajenas a las condiciones sociales y económicas de los lugares en donde se instalaban y los planes de estudio y programas se adecuaban a la realidad en un claro compromiso y solidaridad con los pobres.

Y justamente esta Escuela Rural Normal de Ayotzinapa es la que tiene más historia en esta línea de pensamiento porque en ella se formaron líderes como Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas que encabezaron importantes movimientos guerrilleros durante el siglo XX en el intento de emancipación de los sectores campesinos.

Desde esta parte de América Latina, primero sentimos el impacto del horror. Enterarnos de que un grupo de estudiantes movilizados por causas sociales y políticas hallaron una muerte cruel como pocas, fueron quemados vivos y desollados, nos abre múltiples preguntas cargadas de rabia y desconcierto.

Se habla de la profunda descomposición de las estructuras gubernamentales de México, de la narco- máquina, de gobiernos paralelos, de un capitalismo que avanza ejecutando ciudadanos para consolidar un poder feroz sin nada que se le oponga, del aletargamiento de la sociedad, de la naturalización de los asesinatos.

Y nosotros y nosotras que sabemos lo que han significado las dictaduras, las desapariciones forzadas de personas, los secuestros, apropiación de identidades y asesinatos, que sabemos los que nos ha costado recomponer la vigencia del Estado de Derecho y mantenerlo, vamos a impulsar por todos los medios la vigencia de la ley y la justicia, la lucha contra el narcotráfico y sus secuaces, la búsqueda de responsables de los asesinatos, la intervención de organismos internacionales que reclamen para México, la vuelta a un orden institucional perdido.

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