miércoles, 28 de enero de 2015

EL BLOG DE ABEL Y LA NUEVA INTELIGENCIA

Éste tiene mi sesgo, así que está bien (para mí). Son unas breves reflexiones sobre el proyecto que anunció la Presidente.

Un buen resumen del texto – esto no es casual – apareció en el blog de J. R. Sentis. Leemos:

1. Disolución de la Secretaría de Inteligencia (S.I.), la ex SIDE.
2. Creación de la Agencia Federal de Inteligencia (A.F.I.). Contará con un director general y un subdirector designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
3. El ámbito de acción del AFI quedará limitado a los delitos graves internacionales: prevención de amenazas terroristas, tráfico de armas, delitos económicos, narcotráfico, ciberdelitos y trata de personas.
4. Las actividades de inteligencia interna quedarán limitadas a la investigación de delitos criminales complejos, inteligencia criminal o atentados complejos contra el orden.
5. Se transferirá al Ministerio de Procuración Fiscal el sistema judicial de escuchas.
6. El plazo de entrada en vigencia del proyecto una vez aprobado será de 90 días no prorrogables.
7. Se establece que ni jueces, ni fiscales, ni funcionarios podrán contactarse con agentes de la AFI por fuera de los canales oficiales. La única vía será a través de su director o subdirector.
8. Se crean bancos de protección de datos y archivos de inteligencia.
9. Se penalizan incumplimientos a la ley. Se lleva de tres a diez años la pena de prisión a toda persona que captare o desviare comunicaciones telefónicas, paquetes de datos, archivos, étc.
 “.
Ya dije que la medida me parecía una buena respuesta política al problema coyuntural creado por una estructura del Estado, con el manejo de grandes recursos y una tradición de autonomía, donde algunos sectores perseguían una agenda opuesta en temas claves a las directivas del Poder Ejecutivo.

Ahora quiero agregar que me parece un paso adelante, estratégico, en la tarea de darle a la sociedad mejores mecanismos legales para controlar una actividad necesaria pero peligrosa. Por supuesto, eso depende en mucho de la letra chica de la ley que finalmente se apruebe, y de los decretos que la reglamenten. Pero ya es positivo que se empiece a discutir en el ámbito legislativo, aunque, al tratarse de un año electoral, los representantes del pueblo se sentirán obligados a declamar consignas.

Para adelantarme a los inevitables comentarios: Es obvio que la Presidente nombrará al frente del nuevo organismo a personas de su confianza. Como también cualquiera puede prever que – no importa el término formal de sus mandatos – otro Presidente les aceptará sus renuncias y nombrará a gente de la suya. Néstor Kirchner conservó por años a ministros claves de Duhalde (Roberto Lavagna, Aníbal Fernández) pero el que le trae la información … aquí y en el cualquier país del mundo lo elige quien está al frente del gobierno.
En los medios, los dirigentes opositores afectan escandalizarse porque los escuchas telefónicas (autorizadas) quedarán en la órbita de la Procuración General. Se puede apreciar o no a la Dra. Gils Carbó, pero me parece ofrece menos campo a arbitrariedades el manejo por una oficina judicial que por espías profesionales, como hasta ahora.

También pueden ahorrarse los amables comentaristas – aunque no lo harán – alusiones al placer con que Kirchner mostraba estar informado de las andanzas de amigos y adversarios, al hecho, tampoco casual, que el Jefe del Ejército venga del Arma de Inteligencia, que Mauricio Macri esté procesado por haber intentado armar un sistema de escuchas con la ayuda de un ex jefe de la Federal, el “Fino” Palacios. Hasta alguna anécdota sobre la inteligencia santiagueña que reportaba a Carlos Juárez y su esposa…

El hecho es que la inteligencia – entendida como recolección de información, claro – es una necesidad vital para cualquier gobernante. Eso le da poder, necesariamente, también a quienes reúnen la información. Y la tecnología moderna brinda posibilidades muy por encima de las que tenían los espías de la Serenísima República de Venecia. Todo lo que puede hacer una democracia es darse un marco legal que limite los posibles abusos, o los disuada con penalidades adecuadas. Este proyecto de ley es un paso en esa dirección, al contrario de lo que sucedió hace una década con la “Ley Patriota” enEE.UU.

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