El gobierno ha colocado al país en una senda de creciente
enajenación de la riqueza y de los recursos del país, de
degradación del tejido social y de gran conflictividad social
y política. Este callejón sin salida no es el resultado de una
mala praxis. Es la consecuencia de políticas económicas
que siembran por el mundo países inviables, saqueados
y estrechamente dependientes del capitalismo global
monopólico. Cómo salir de esta situación es uno de los
interrogantes candentes del momento actual.
Voceros del oficialismo anuncian un ajuste más profundo
para consumar la revolución de la alegría prometida en
diciembre del 2015. Con un mesianismo cada vez más
notorio, llaman a un mayor esfuerzo para superar lo que
definen como “la tormenta” e intentan un pacto con la
oposición a fin de lograr que el Congreso apruebe el
acuerdo con el FMI. En su momento de mayor debilidad,
Macri fuga hacia adelante. Trata de consolidar el apoyo
de su núcleo duro y de ganar tiempo enrollando al país
con promesas de una primavera que nunca llega y,
sin mayores precisiones o definiciones, convoca a un
“gran acuerdo nacional” para enfrentar al ajuste.
Aquellos sectores de la oposición que para “asegurar
gobernabilidad” votaron todas las leyes propuestas
por el gobierno, exigen ahora medidas que son sólo
paliativos del ajuste actual. Mientras tanto el país se
detiene y se sumerge en la catástrofe anunciada.
En este ambiente que transpira situaciones caóticas vividas
en el pasado, muchos no ponen en duda la necesidad
imperiosa de unidad y movilización de todos los sectores
perjudicados. Sin embargo, no puede haber unidad si
se desconocen o se ignoran los intereses de los actores
involucrados en este drama, sus diferencias, las
alianzas posibles y los objetivos que hay que perseguir
para cambiar radicalmente la situación actual. Convocar
a la unidad postergando definiciones, ya sea por
ignorancia o por la picardía de ganar tiempo y espacio
para posicionarse mejor de cara a las futuras elecciones,
es una receta que anticipa una derrota. En las relaciones
de fuerza no existen los espacios vacíos. La indefinición
de la oposición permite ganar terreno a los que se
benefician con la situación actual y preparan alternativas
a este gobierno que son más de lo mismo, aunque se
presenten tras la máscara de un “peronismo racional” o
de cualquier otro engendro que puedan sacar de la galera.
Se trata entonces de conocer cuál es la unidad posible y
cómo se concreta —en este contexto local e internacional—
un proyecto de país que sea la antítesis del ajuste actual;
que propugne una verdadera inclusión social y un
desarrollo nacional e integrado. Para llegar a estas
definiciones, es necesario dar un paso previo y
caracterizar la relación de fuerzas que prevalece en el presente.
A esto apunta esta nota.
La relación de fuerzas
La situación actual es dramática para los que sufren las
consecuencias del ajuste ya realizado y para los que
sufrirán los recortes que prometen realizarse en el futuro
inmediato. Como todos los que impulsa el FMI, está
dirigido primariamente a garantizar el pago de la deuda
externa a partir de la imposición de un brutal recorte de
los ingresos de los más pobres entre los pobres, de los
asalariados, de las jubilaciones, de los subsidios y de los
gastos en educación y salud. Esta fenomenal apropiación
de los ingresos se profundiza con el mantenimiento del
tarifazo: es decir con la dolarización de las tarifas y
combustibles. Sin embargo, la eficacia del ajuste propuesto
es puesta en duda por el propio FMI. Tanto en la carta de
intención como en el Staff Report que la acompaña se
admite que “hay una preocupación vinculada a la habilidad
que pueda tener el gobierno para construir apoyo a las
medidas que deberán pasar por el Congreso”. También
se reconoce que “construir consenso social en torno a este
programa va a ser crítico y a la vez desafiante”. Mas
importante aún, el organismo llega a admitir que “si un
cambio en las condiciones de las finanzas globales
interrumpe el proceso de retorno de la confianza de los
mercados hacia la Argentina”, el país podría desembocar
antes de fin de año en un “escenario adverso” de recesión
prolongada y fuga de depósitos bancarios, con más ajuste,
más devaluación y más inflación. En este contexto el FMI
evalúa que la deuda “es sustentable pero no con alta
probabilidad”, eufemismo que parece anticipar la
posibilidad de un default en un plazo no muy lejano.
Si bien el FMI asigna “baja probabilidad” a este escenario,
las crecientes turbulencias de las finanzas internacionales
cada vez más sacudidas por la volatilidad financiera y la
amenaza de una guerra comercial permiten augurar
un futuro incierto para el país, y a muy corto plazo.
Distintos factores alimentan la posibilidad de que el
acuerdo con el FMI no logre sus objetivos. Por un lado,
la protesta social se agolpa en el horizonte. Por otro, el
propio acuerdo es en sí mismo insostenible y no puede
erradicar el peligro de la corrida cambiaria, que sigue latente.
Sólo ha sido contenida por el momento, con mayor
especulación financiera y endeudamiento a través de la
venta de nuevas letras del Tesoro (Letes, Botes, etc.) que
constituyen más deuda futura en dólares. Al mismo tiempo,
la bomba de las LEBACs autoproducida por este gobierno
continúa amenazando al sistema financiero en su conjunto.
En estas circunstancias los dólares frescos “que exige el
mercado” para no acelerar la corrida cambiaria, salen del
adelanto del préstamo acordado con el FMI y se fugan o se
acolchonan o dolarizan activos bancarios. A este ritmo,
buena parte del adelanto del préstamo se irá por este
conducto en un plazo relativamente corto. Desde que
ingresaron los primeros dólares y durante el tiempo de
vigencia de esta ingeniería se han gastado
aproximadamente 2500 millones de dólares del adelanto
del préstamo del FMI. A su vez, las reservas del Banco
Central cayeron 3.350 millones de dólares en menos de
un mes. En un solo día: el miércoles pasado, esta perdida
fue de 1.031 millones de dólares.
Los bancos, principales tenedores de LEBACs y aliados
del gobierno, han aceptado comprar los Botes y Letes que
emite el Tesoro para atraer a los tenedores de LEBACs
y supuestamente impedir que a su vencimiento se
vuelquen masivamente a la compra de dólares e incentiven
la corrida cambiaria. No hay nada inocente en este acuerdo :
los bancos aprovechan la generosa emisión de deuda en
dólares con estos papeles del Tesoro y mantienen al mismo
tiempo su caudal de LEBACs. Así ganan al acrecentar su
encaje bancario a costa de acumular papeles que
-a diferencia de un encaje tradicional— les rinden un interés
altísimo y, en buena parte, constituyen una deuda futura
en dólares a cancelar en un plazo que va de unos pocos
meses a dos años. Asimismo el “mercado” sigue haciendo
pingües negocios con las LEBACs. Las altísimas tasas de
interés y el dólar momentáneamente “estabilizado” con
los dólares del FMI continúan impulsando la bicicleta
financiera, saboteando así el objetivo del gobierno de hacer
desaparecer las LEBACs y de amortiguar su peligro en el
corto plazo. En cada renovación, las LEBACs tienden a
concentrarse en el plazo más corto de vencimiento futuro.
Aprovechando las altísimas tasas de interés, sus tenedores
las reciclan en el plazo más corto posible posicionándose
así para salir y fugar hacia el dólar cuando llegue el
momento oportuno. Esto deja en evidencia la “falta de
confianza” del “mercado” ante la nueva ingeniería
desplegada.
La afluencia de los dólares del préstamo del FMI
constituye uno de los pilares en que se apoya el muro de
contención de la corrida cambiaria. La venta limitada de
dólares por parte de los bancos oficiales cuando la situación
así lo exige y la liquidación de las divisas de exportación son
los otros dos recursos que el gobierno tiene para contener la
corrida hacia el dólar. Desde un inicio brindó a los
exportadores la posibilidad de liquidar sus divisas a
discreción. Haciendo uso de esta prerrogativa, los
exportadores han retenido en el pasado de un modo
esporádico sus divisas contribuyendo no sólo a la última
corrida sino también a la que tuvo lugar en los meses que
precedieron a las PASO en 2017. Hoy existe un pacto
implícito con el gobierno: mantenimiento de la liberación
total de las retenciones a las exportaciones a cambio de
liquidar gradualmente las divisas para proveer al mercado
de los dólares frescos que este exige. Sin embargo, este pacto
es ahora minado por la exigencia del FMI de frenar la
liberación de las retenciones a las exportaciones de soja.
Esta circunstancia es una fuente de creciente tensión
entre el gobierno y sus aliados políticos y entre los
distintos sectores empresarios.
Un acuerdo insostenible
Así, el gobierno y el Fondo han articulado un acuerdo
insostenible, que ignora la necesidad de reactivar la
producción para generar dólares genuinos. Ha dado
lugar a una ingeniería incapaz de erradicar la corrida
cambiaria, incentiva la especulación financiera y no logra
desactivar la inminencia del peligro a corto plazo inherente
a la venta de las LEBACs. La emisión de nuevos
papeles del Tesoro genera más deuda en dólares, una
deuda cuyo vencimiento es sólo cuestión de meses o a lo
sumo a uno o dos años. Esto ocurre en un contexto
económico internacional convulsionado por factores
económicos, financieros y geopolíticos de carácter inédito,
de alta volatilidad financiera internacional y gran escasez de financiamiento externo. De aquí surgen límites ciertos
al baile especulativo en el que están abrazados, tanto el
gobierno como el propio FMI. La gravedad de la situación
ha llevado a Deloitte, uno de los estudios contables y de
consultoría internacional más importantes del mundo,
a advertir a principios de este mes sobre la existencia de
indicadores cuantitativos y cualitativos de hiperinflación
en la Argentina. Asimismo, hace muy pocos días,
la propia Security and Exchange Commission –órgano
regulador del mercado de valores norteamericano—
calificó a la economía argentina como hiperinflacionaria.
Esta calificación dinamita el argumento de la sustentabilidad
de la deuda externa argentina y coloca en el centro de la
evaluación del riesgo argentino al cáncer que ha corroído
al capitalismo argentino en los últimos 70 años de su
historia: la inflación. Históricamente ha sido la expresión
de una permanente puja entre las principales fracciones
empresarias por obtener una mayor cuota del excedente
económico producido y de la masa de ingresos y riqueza
acumulada en el país. Esta puja ha sido constante. Ya sea
de un modo larvado o desmadrado, ha signado a todos los
gobiernos y se ha desarrollado en el contexto más general
de otra puja intermitente: la lucha de los que menos tienen
por defender sus ingresos ante el avance de la codicia
de los que más tienen.
La incapacidad de formular una alianza entre las grandes
fracciones empresarias que contemple concesiones entre
sus respectivos intereses inmediatos y entre estos y los
intereses de los sectores populares, ha condenado a
nuestro país a la inestabilidad política creciente y al
estancamiento económico. Más precisamente, esta puja
entre los que más tienen por acrecentar sus respectivos
bolsillos se ha dado incluso en circunstancias donde los
gobiernos (democráticos o militares) los han favorecido
con políticas específicas. En este sentido, uno de los
rasgos más relevantes del período que se inicia con este
gobierno en 2015 ha sido precisamente el desmadre
creciente de la puja por la apropiación de ingresos
dentro del núcleo duro que sustenta a este gobierno:
las fracciones del capital más concentrado, aquellas que
controlan monopólicamente los puntos neurálgicos de
nuestra economía. Hoy esta puja amenaza a la ingeniería
dispuesta para frenar la corrida cambiaria, y domina
de un modo subrepticio y solapado a la propia
coyuntura política.
A las puertas de la híper
La política de apertura al mundo de Macri ató la economía
del país a una coyuntura financiera internacional altamente
volátil, dominada por burbujas con alto riesgo de implosión.
En la práctica, esta apertura implicó una fuerte presencia
del capital financiero internacional en las finanzas locales.
El carry trade entre las LEBACs y el endeudamiento
externo se convirtió en el principal mecanismo de
apropiación de los ingresos y de la riqueza generada
localmente. Si bien desde un inicio las políticas de
este gobierno provocaron transferencias de ingresos
desde los asalariados y sectores más pobres de la población
hacia las grandes fracciones del capital ubicadas en distintos
sectores de la economía, también incentivaron la disputa
dentro de su propia base de apoyo, por apropiarse de una
mayor cuota de la masa de ingresos de la población. Las
fracciones más concentradas del capital no solo apostaron
a la bicicleta financiera, sino que ejerciendo su control
monopólico sobre sectores estratégicos de la economía
determinaron constantes subas de sus precios bloqueando
el intento oficial de controlar a la inflación. En este contexto,
la dolarización de los precios de los combustibles y de las
tarifas contribuyó a esta puja entre sectores concentrados,
que no dudaron en transferir con creces estos aumentos a
los precios de sus productos. Los negocios del Presidente y
de su familia, amigos y entenados y la diversificación de sus
fortunas personales en sectores estratégicos (energía,
transporte y comunicaciones,) seguramente contribuyeron
a la erosión de la credibilidad del proyecto oficial dentro de
su núcleo duro. De nada valieron los reiterados llamados
del Presidente a los grandes empresarios para que “crean
y apuesten por el cambio”, “inviertan sus dineros y generen
trabajo”, “contengan sus precios” y “asuman su liderazgo,
pero de verdad”. De nada valió su apoyo al ministro de
Producción que los caracterizó de “llorones”, ni tampoco
fue efectiva su recriminación a “una cantidad de empresarios
vivos que cada vez que hay 2 de inflación te enchufan 4 y por
las dudas te enchufan 8”. La inflación avanzó incontenible
alertando a los capitales extranjeros (buitres devenidos en
golondrinas) que vinieron a maximizar ganancias a cortísimo
plazo. El descontrol de la inflación y una deuda externa
imposible de pagar sacaron a la luz del día la precariedad
de la economía argentina y constituyeron el principal
detonante local de la corrida cambiaria desde principios
de 2018. Por ese entonces comenzaron los graznidos y el
aleteo de salida de los fondos de inversión y bancos
extranjeros. Hoy vivimos el desmadre de la supuesta
transferencia a los precios de la brutal devaluación
ocurrida en los últimos meses. El intento oficial de controlar
la formación de precios de algunas grandes empresas
durante la corrida cambiaria ha quedado en la nada y hoy
Macri le ruega a los principales empresarios que demuestren
su apoyo al ajuste fiscal impuesto por el FMI. La inflación
en el primer trimestre llegó al 16% superando en un punto
porcentual la meta pactada para todo 2018. La medición
interanual arrojo un 29,5% de incremento, la inflación
mayorista del mes de junio muestra al país al borde de la
hiperinflación y de la temida ruptura de la cadena de pagos
y el gobierno debe asumir el récord histórico de un país
que no pudo cumplir con un acuerdo stand-by con
el FMI a solo un mes de haberlo firmado.
El acuerdo fue inicialmente bendecido por los grandes
empresarios locales. Preocupados ante la situación actual,
creyeron que esta era la “ultima posibilidad de
administración racional” que “pueda dar respuesta al
problema de fondo: bajar el costo argentino, laboral y
tributario”. Sin embargo, ante la letra chica del ajuste
ha cundido la alarma. Así el Foro de Convergencia, que
nuclea a las mas grandes asociaciones empresarias y a
institutos de profesionales que las representan, está
haciendo circular entre sus afiliados una carta abierta en la
que pretende alertar a la población sobre los peligros del
momento actual y la necesidad de que la presión fiscal del
ajuste recaiga sobre el sector publico y no sobre el
privado (LPO 16/8/2018 ). Temen que el gobierno
pretenda reducir el gasto público vulnerando la reforma
tributaria recientemente aprobada con los gobernadores,
que incluía entre otras medidas la reducción y unificación
del impuesto a los ingresos brutos y la eliminación total de
las retenciones a las exportaciones. También se manifiestan
contra toda medida que sea un paliativo del ajuste actual:
desde los préstamos a tasas subsidiadas y la adopción de
criterios alternativos para la actualización de las tarifas
públicas hasta otras medidas que aumenten el costo fiscal
(léase subsidios sociales). Mas allá de estas declaraciones
tendientes a desviar el costo del ajuste de las grandes
fracciones del capital, estas no han perdido tiempo en la
defensa de sus respectivos feudos y de su cuota de apropiación
de ingresos. Con la excusa de la devaluación hoy aumentan
sus precios indiscriminadamente y empiezan a retener sus
productos. El comienzo del desabastecimiento en puntos
clave de las cadenas de valor amenaza con volcar la estantería
de la cadena de pagos. Esta es el arma letal y “apolítica” que
el “poder fáctico” tiene para condicionar tanto al gobierno
como al FMI. A las puertas de la hiperinflación, la
“sustentabilidad” de la deuda desaparece. Esto el país
ya lo vivió en el pasado, y ahora se vuelve a repetir.
Entre otras cosas, el acuerdo con el FMI intenta
imponer un disciplinamiento a todos los sectores del gran
capital local. A través de altísimas tasas de interés y servicios
de la deuda externa que crecen exponencialmente, privilegia
la succión y fuga al exterior del excedente, los ingresos y la
riqueza acumulada. La estampida de precios desvía ingresos
hacia feudos locales controlados monopólicamente por
un puñado de grandes empresas de capital local (extranjero
y nacional), ubicadas en sectores estratégicos de la economía.
El acuerdo con el FMI tiene cláusulas que raspan los
intereses inmediatos de estos sectores. Entre ellas: la
eliminación de las desgravaciones impositivas acordadas
en el pacto fiscal con los gobernadores y por lo tanto la
posible reimposición del impuesto a los ingresos brutos
y a las cargas sociales y la suspensión de la eliminación de las
retenciones a las exportaciones. Asimismo, el acuerdo congela
la obra pública, blindando un espacio en el que
tradicionalmente “la patria contratista” ha realizado enormes
ganancias. Este bloqueo de la obra pública afecta no sólo a
la industria de la construcción sino también a la producción
de bienes intermedios y específicamente al feudo indiscutido
de uno de los principales patrones de la economía local.
En estas circunstancias, estos sectores empresarios
presionan fuertemente al gobierno para que el PPP
(proyecto de participación pública y privada en la obra
pública) no sea desactivado por el FMI en tanto el
mismo constituye adquisición de más deuda pública.
Danza macabra
Las medidas propuestas en el acuerdo con el FMI intentan
aumentar la recaudación del Estado con el objetivo de
disminuir el déficit público y liberar ingresos para el pago
de los servicios de la deuda externa. En la práctica, imponen
límites a la puja distributiva entre los que más tienen,
acotando los espacios de disputa y los mecanismos de
absorción del excedente, la riqueza acumulada y los ingresos
de la población. El mismo objetivo es perseguido con la
dolarización de los combustibles y tarifas cuyo mantenimiento
reclama el FMI y hoy es cuestionado por el mundo empresario,
a excepción de algunos pocos entre los que se cuentan los
grandes capitales que controlan el sector energético. Como
en épocas pasadas, esta dolarización es el ariete por el que se
cuela la dolarización del conjunto de la economía, recurso ya
intentado en otras ocasiones por el FMI con el objetivo de
disciplinar la puja por la apropiación de ingresos tanto dentro
las grandes fracciones del capital, como entre estas y
los sectores populares que luchan por mantener sus
ingresos y mejorar su calidad de vida.
Empiezan a oírse las quejas de los grandes empresarios
ante el mantenimiento de las altísimas tasas de interés, la
recesión que se anuncia sin ambages y la creciente falta de
credibilidad del gobierno. Estas quejas se suman a las de los
principales perjudicados dentro del mundo empresario:
los pequeños y medianos capitales en todos los sectores de la
economía, amenazados de extinción pues, como lo evidencia
la historia reciente, este revoltijo conduce rápidamente al
aumento de la concentración del capital y a la extranjerización
del conjunto del sistema productivo. Los ganadores en estas circunstancias han sido siempre los formadores de precios,
que han impuesto al conjunto de la sociedad sus intereses
inmediatos. Su visión no admite la existencia de un interés
general, común a toda la sociedad, ni el interés nacional propio
de un territorio y un pueblo que lo habita. Su visión es de corto
plazo y no admite concesiones de ningún tipo. Su norte es
siempre maximizar ganancias en el menor tiempo posible
caiga quien caiga, y fugarlas rápidamente al exterior. Ahora
este conglomerado pelea contra sus propios socios del
capital financiero internacional e intenta acomodarse de la
mejor manera posible en esta danza perversa en la que están
abrazados el FMI y el gobierno. El dólar, las tasas de interés
y los precios marcan el ritmo de esta danza macabra y
definen quién gana, cuánto gana y cómo se fuga en
el menor tiempo posible.
De ahí que cualquier intento de unidad de los excluidos
de este baile y de esta repartija tiene que tener en cuenta
algo tan básico como lo que significan el interés general y
el interés nacional en las actuales circunstancias del mundo
y de la Argentina. Hoy las turbulencias económicas y políticas
son de tal magnitud que oscurecen peligrosamente estos
significados y conducen a la indefinición y a la confusión
respecto del “quién es quién” a la hora de proponer la unidad
nacional y un proyecto de país alternativo. Además
conducen a invisibilizar los mecanismos que tiene el
Estado para desarrollar políticas alternativas. El
desconocimiento de estas problemáticas hace posible el
sometimiento a situaciones de facto que —como la que
impone el acuerdo con el FMI— aseguran la continuidad
del ajuste en el futuro, independientemente de cuál sea el
resultado de las próximas elecciones.
La confusión respecto al significado del desarrollo nacional
en el mundo actual ha conducido en el pasado reciente al
intento de “reconstruir la industria nacional” protegiendo y
subsidiando a grandes empresas de capital nacional y
extranjero que dominan desde hace décadas a sectores
estratégicos de la industria. Estas empresas forman los precios,
generan muy poco empleo e insertan al país en eslabones
precarios de cadenas de valor global que, reproduciendo la
dependencia tecnológica y la restricción externa, arrojan a la
economía a periódicas crisis de la balanza comercial y
al endeudamiento externo. Esta confusión sobre el significado
de lo nacional también ha conducido en el pasado a ignorar la segmentación existente entre las distintas fracciones del
capital en el sector agropecuario, desconociendo así sus diferentes intereses inmediatos y aglutinándolas en un todo supuestamente homogéneo designado con la etiqueta del “campo” y definido
como un conglomerado que responde unánimemente a los
intereses económicos y políticos de la fracción más
concentrada de la producción agropecuaria, vinculada
estrechamente con la exportación. Esto está alejado de la
realidad, y contribuye a la perdida de posibles aliados a
una política de desarrollo nacional e integrado.
Los desconocidos de siempre
Es muy probable que hoy, al amparo de la emergencia de
nacionalismos de distinto tipo en el mundo y de un
“proteccionismo” que esconde una guerra tecnológica,
se intente salir de la situación caótica actual a través de un “
gran acuerdo nacional” liderado por los desconocidos de
siempre: los formadores de precios en los puntos estratégicos
de la economía. De ahí la necesidad imperiosa de definir lo
que se quiere y lo que no se quiere. En este sentido, la carta
abierta al FMI suscripta por diversos organismos sindicales, movimientos sociales y dirigentes políticos de la oposición
es un paso nuevo de gran importancia, un paso que hay
que profundizar con propuestas concretas que trasciendan
los paliativos —siempre necesarios para contener el
hambre y el desempleo que hoy golpea fuertemente a los
sectores más vulnerables— e incorporen políticas concretas
destinadas a producir un cambio radical de la situación actual.
Aunque la movilización y la “unidad en la calle” han sido
y son de importancia crucial en el momento actual, no son
suficientes. Ha llegado la hora de potenciar la protesta
en la calle y liderarla con propuestas concretas que definan
cuál sería la salida del caos que permita proteger y beneficiar
al conjunto de la sociedad. Se trata entonces de cimentar
un frente amplio de oposición que proyecte hacia la sociedad
un camino claro de convergencia, un camino que corte las
aguas entre el ajuste y el conglomerado de intereses que lo
representa localmente y la inclusión social con desarrollo
nacional e integrado. Esto no puede postergarse.
Es una condición para el cambio de relaciones de fuerza
que domina el presente y es lo que permitirá que el
resultado electoral no sea más de lo mismo.
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