jueves, 26 de diciembre de 2019

Documental Completo / Tierra Arrasada

lunes, 9 de diciembre de 2019

lunes, 25 de noviembre de 2019

RAFAEL NAHUEL, A LA ESPERA DE JUSTICIA...



Aylén Tapia es música. Mujer mapuche. Weichafe (guerrera) y Lawentufe 
(persona que sana con las plantas). Hace dos años ella estaba en el lof de
 Villa Mascardi, ubicado a 30 kilómetros de Bariloche, acompañando
 la recuperación territorial de la comunidad, cuando en la madrugada
 del jueves 23 de noviembre irrumpieron efectivos de Prefectura,
 bien de noche, monte adentro, dispuestos a desalojarlos a fuerza 
de represión y violencia. Ella, junto a otras tres mujeres y sus
 niñxs que dormían, fueron detenidxs, maniatadxs y
 maltratadxs.
Cuando nos liberaron, el primero en venir a darme un abrazo 
fue Rafa. Me pedía perdón por no haber estado, como si él hubiera
 podido detener semejante aparato represivo”. Luego Rafa se iría
 al lof, a llevar comida y abrigo a sus hermanos que habían quedado
 en la montaña —sin nada— desde la noche anterior.
“Rafa no era un niño que de casualidad acompañaba a su familia.
 Rafa era un weichafe. Él sabía por qué estaba ahí. Estaba luchando.
 Sus palabras eran “vamos a ayudar a construir la ruka (casa) a la
 machi y después voy a empezar a construir mi ruka”. Él se quería
 ir a vivir al territorio, sabía todos los problemas que genera la
 ciudad. Cómo todos los pibes caían en las drogas. Y no quería eso
 para él. Quería irse a vivir al territorio porque sabía que la vida
 mapuche viviendo dentro de la cosmovisión es lo mejor que le
 podía pasar, y eso lo tenía muy claro”, remarca Aylén.


"Rafa se quería ir a vivir 
al territorio, sabía todos
 los problemas que genera 
la ciudad. Cómo todos los
 pibes caían en las drogas", 
remarcan



Al día siguiente, el grupo Albatros iría tras de quienes lograron
 huir de la represión, a cazarlos. Por la espalda, el prefecto
 Javier Pintos le disparó un balazo letal a Rafa Nahuel.
“En el primer procedimiento, cuando a nosotras nos llevan detenidas,
 fue una represión. Pero cuando ocurrió lo de Rafa fue un fusilamiento. 
Fueron a matar y se fueron.
 Los pibes tuvieron que bajar el cuerpo”, señala.






Recapitular
La comunidad hizo público su proceso de recuperación
 territorial ancestral el 10 de noviembre de 2017, en una 
parcela que figuraba como perteneciente a Parques Nacionales. 
“Basados en la necesidad en la que nos encontramos, luego de 
ser reducidos, reubicados y despojados de nuestra mapu por parte 
de los wingka (…) acá se levantará una autoridad espiritual ancestral,
 que -como puelche- hemos venido pidiendo en nuestro
 ngillipun/rogativa, la cual fortalecerá y ayudará a establecer
 nuestro Puel Mapu”, decía el comunicado lof Lafken Winkul Mapu.
Inmediatamente, el gobernador Alberto Weretilnek la declaró 
como una decisión “inadmisible”. Y una semana antes de que en
 Bariloche se congregara la comisión organizadora del G20, la 
orden de desalojo a cargo del juez federal subrogante de
Bariloche Gustavo Villanueva, se puso en marcha.

* * * * *

“Una nena se asustó y salió corriendo atrás mío, la agarré y nos 
escondimos. Se escuchaban tiros, era de noche todavía. Vieron a 
la nena primero, que lloraba, y me levantaron del piso, me pegaron 
en las piernas, nos patearon, me pegaron en la cabeza, me sacaron
 a la nena. A una lamien (hermana) le hicieron comer tierra para
 hacerla callar. La estaban asfixiando. Le pegaron. Después nos
 empezaron a bajar. Cuando íbamos bajando vi a las otras chicas
 que estaban con sus hijos, y estaban todas reducidas. Les tiraron 
gas pimienta cuando ya estaban reducidas y no las dejaban acercarse 
a sus nenes. Estaban todas con precintos. Los nenes lloraban porque
 tenían gas pimienta. Estuvieron toda la mañana llorando, no
 tuvieron asistencia. Esto fue tipo 5 de la mañana y recién a las 11
 del mediodía nos llevaron para la comisaría”, recuerda Aylén.






Horas más tarde, ese mismo 24, se convocó a la población mapuche
 y a la sociedad consciente a pedir por la liberación de las compañeras
 detenidas, y se solicitó un recurso de amparo para la comunidad,
 que ya temía —por el grado de saña con que actuó 
Prefectura— que aquello no terminaría allí, y que irían tras
el resto de quienes habían logrado escapar, que estaban en el cerro, 
acorralados.
Desde la madrugada de aquel 23, hasta la tarde del sábado 25,
 el grupo Albatros de Prefectura, cargado con armas de guerra,
 ejecutó una verdadera cacería. Los corrieron hasta arriba de la
montaña, más allá de los límites de Parques Nacionales. Los 
persiguieron disparando a diestra y siniestra. Los weichafe (guerreros) 
de la comunidad intentaron defenderse, y defender a su gente,
 ejerciendo la “autodefensa”, como ellos mismos denominan al hecho
 de arrojar piedras. Pero nada le gana a las balas. Y las 9 milímetros
 del Grupo Albatros llovían, de abajo hacia arriba, en una jornada 
eterna y salvaje.


Desde la comunidad ejercieron
 la “autodefensa”, como
 llaman al hecho de arrojar
 piedras. Pero las 9 milímetros 
del Grupo Albatros llovían 



“Un prefecto gritaba '¡Avancen mierdas!' y seguían tirando.
 ¡Ta, ta, ta, ta! Nos persiguieron así hasta la noche del jueves. 
Ya estábamos a mil metros de altura, bien arriba del cerro, y se 
veían como seis drones y dos helicópteros, uno de Policía y uno 
de Gendarmería. Nos separamos en grupos para pasar la noche;
 dormimos ahí en el medio del cerro. Teníamos hambre, sueño,
 frío, sed y habíamos corrido tanto, y nos habían tirado tantos
 tiros… ¡tiros de fusil! ¡En el medio del monte!”.
El viernes por la noche llegó Rafa junto a otros peñi
(hermanos mapuche). Les traía abrigo y alimento. Pasaron la
 noche, y al día siguiente, el sábado, ya no se veían los drones y
 parecía que se había calmado la situación.
“Ahí empezamos a bajar unos diez o quince metros como mucho,
 y escuchamos de nuevo: '¡Maten un indio! ¡Maten un indio de
 una vez!', y de nuevo las ráfagas: ¡Ta, ta, ta, ta! Al lado había unos
 árboles secos y todas las balas que nos tiraban daban en los árboles
 y se veía cómo saltaban todas las astillas. Y ahí un peñi grita, 
'¡Le dieron a uno, le dieron a uno!'. '¿A quién? ¿a quién?'.
El Rafa estaba guardando su mate recién, y le gritamos, 
'¡Rafa escondete!', y apenas Rafa se agacha y se da vuelta, cae.
 Fue un tiro de fusil. Voló. El tiro vino de tan cerca que lo voló”,
 se detalla en Reunión, una publicación donde el lof Lafken 
Winkul Mapu relata en primera persona y cuenta por primera 
vez las razones de la recuperación territorial y todo lo acontecido
 esos días.






Una de las razones fundamentales de esta recuperación para el
 pueblo mapuche es que está renaciendo una Machi. “Aquí, en
Wall Mapu, en la parte argentina, hace cien años que no se levanta
 una autoridad ancestral, la machi. La machi se ocupa de la salud
 del lugar, no sólo de la salud de las personas, sino de la salud del
 lugar mismo, de restablecer el equilibrio en un territorio. Hoy
 tenemos una machi en Winkul Mapu, y por eso fueron a matar a
 Rafa ahí. Ellos se hacen los que no saben nada, que no nos respetan,
 porque no saben nada de nuestra espiritualidad. Y sí saben. Y por
eso encarcelan machi, lonko, werken. Por eso los primeros lugares 
que pisan, que violentan, que maltratan, son los lugares sagrados.
Saben que así debilitan a una comunidad. Saben que así dejan a la
 comunidad como un cuerpo sin cabeza”, explica Soraya Maicoño
 en Reunión.

Mentiras televisadas
La teoría del "enfrentamiento", desplegada por la ministra
 Patricia Bullrich y los medios de comunicación devotos a su 
doctrina; las afirmaciones insostenibles de la vicepresidenta 
Gabriela Michetti, quien desde la mesa de Mirtha Legrand aseguraba
 que los mapuche portaban armas de guerra, que eran “terroristas
 del RAM”; la ausencia de Parques Nacionales en las distintas 
instancias de las mesas de diálogo pedidas por los organismos de
 derechos humanos y la propia comunidad; todo esto sumado a un
 sinfín de causas armadas contra todos los que pudieron identificar,
 es decir, personas que se solidarizaron en las marchas pidiendo
justicia y fueron detenidas y judicializadas, espiadas y criminalizadas,
 generaron un escenario que se prolongó hasta la actualidad.


A dos años de su asesinato,
 la justicia para Rafa no llegó,
 como tampoco llegó el
diálogo político. Y el único
 imputado, el prefecto Pintos,
 fue beneficiado. 



Sin embargo, tras casi dos años, la Justicia no llegó para Rafa,
 como tampoco llegó el diálogo político. Además, paradójicamente,
 el único imputado por el asesinato de Rafita —el prefecto Francisco
 Javier Pintos— fue beneficiado luego de que la Cámara Federal de
 Casación Penal anulara su procesamiento. 
El único procesado en las causas que involucran al lof 
Lafken Winkul Mapu es Lautaro, uno de los peñi 
(hermano mapuche) que bajó el cuerpo herido de Rafa para
 intentar salvarle la vida, poniendo en riesgo la propia, entregándose
 a manos de los Albatros, junto a Fausto Jones Huala, el otro
 portador de la improvisada camilla con la que asistieron a Rafita,
 llevando la esperanza de que sobreviviera al furibundo balazo.
A Rafa lo mataron por la espalda. No debe haber algo más
 terrible. No sé si será la inconsciencia de no poder mirarte a los ojos.
 ¡Mirame a los ojos! Yo sé por lo que estoy luchando. Y sé que mi
lucha es completamente indispensable y válida. ¿Me podés mirar
a los ojos realmente?”, pregunta Aylen.


“A Rafa lo mataron por la 
espalda. No debe haber 
algo más terrible. ¡Mirame 
a los ojos! Yo sé por lo
que estoy luchando",
 dice Aylén



Rafa murió de un cobarde tiro por la espalda. Las balas las
 disparó Prefectura. Pintos fue quien lo ejecutó. Pero las
órdenes venían de arriba, y eran claras. Patricia Bullrich, y
su —por entonces— jefe de Gabinete, Pablo Noceti, el juez 
Villanueva, el juez Moldesla fiscal Little, los responsables
 políticos de la muerte de Rafa, aún gozan de impunidad y
ocupan sus puestos en el aparato represor del Estado. 

viernes, 22 de noviembre de 2019

Las protestas masivas llegaron a Colombia. Motivos

AGENDAR.
Con las fronteras del país cerradas y las fuerzas militares en máxima alerta, Colombia vivió ayer jueves una masiva jornada de protestas convocadas por opositores del presidente Iván Duque y su gobierno.
Las centrales obreras y movimientos sindicales que llamaron a la protesta lo calificaron como «paro nacional» y se registraron protestas en Bogotá y otras grandes ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.
Las protestas comenzaron con marchas pacíficas, pero pronto se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en algunos puntos del país. En la capital se registraron fuertes disturbios tanto en el centro como en el noroeste, donde algunos manifestantes intentaron dirigirse al aeropuerto internacional El Dorado.
Otros disturbios se produjeron en Cali, donde el alcalde, Maurice Armitage, decretó el toque de queda en la ciudad a partir de las 7 de la noche de este jueves tras los destrozos registrados en varios puntos de la ciudad. Los medios locales informaron que otras manifestaciones continuaron de manera pacífica.
El gobierno había implementado de forma previa una serie de medidas, entre ellas el cierre desde primera hora del miércoles y hasta las 5:00 de la mañana del viernes de los pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú. Además se ordenó el acuartelamiento en primer grado (máxima alerta) de las fuerzas militares.
Desde 1977 no se viviera en el país tanta tensión por un paro nacional.

Motivos planteados:
1. El «paquetazo»
Según los convocantes, el gobierno del presidente Iván Duque prepara un «paquetazo» de medidas que causarán un fuerte impacto económico y social en los trabajadores.
Entre ellas, estaría la propuesta de eliminar el fondo estatal de jubilaciones Colpensiones, aumentar la edad para jubilarse y reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en 75% del mínimo, entre otras medidas.
El Gobierno ha negado que vaya a aplicar muchas de estas medidas, asegurando que no es cierto que haya presentado al Congreso las reformas laboral y de la seguridad social que denuncian los sindicatos y que todo deberá ser objeto de negociación.
Pero aunque en los actos públicos de los últimos días de Duque y sus ministros han estado dedicados a explicar la posición oficial al respecto, varias de las medidas han sido esbozadas públicamente por personas u organizaciones próximas al gobierno, incluyendo al ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, líder del oficialista Partido Centro Democrático.
2. La educación
A las manifestaciones acudieron también estudiantes de universidades públicas y privadas que se han movilizado en varias ocasiones durante el último año.
Reclaman más inversión en educación y el cumplimiento de acuerdos firmados el año pasado después de más de dos meses de protestas y que incluyen inversiones para las universidades de unos US$1.300 millones.
Los estudiantes también marcharon contra la brutalidad policial en las protestas, en especial del escuadrón antidisturbios, y por el combate a la corrupción en varias universidades.
Sin embargo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, asegura que el gobierno sí está cumpliendo y prueba de ello es que se ha destinado a Educación unos recursos «nunca antes vistos».
3. Matanzas de indígenas, líderes sociales y ex guerrilleros
Los manifestantes también reclaman medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de decenas de ellos desde que Duque llegó al poder, hace 15 meses.
La situación es particularmente delicada en el departamento del Cauca, ubicado en una región montañosa del suroeste colombiano, que vive sumido en una espiral de violencia por la presencia de grupos armados, disidencias de las FARC, paramilitares y bandas de narcotraficantes.
Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz nombrado por el presidente Duque para liderar un plan de acción social para el Cauca tras los últimos asesinatos, ocurridos en octubre, anunció una inversión cercana a los US$ 390 millones para subvencionar proyectos y procesos de emprendimiento, construir infraestructuras y mejorar la cobertura sanitaria y educativa en la región.
Además, el presidente colombiano anunció el despliegue de 2.500 militares en la región, medida cuestionada por algunos líderes indígenas que creen que la militarización no soluciona el problema.
De acuerdo con recuentos de organizaciones sociales, en Colombia ocurrieron más de 400 asesinatos, líderes sociales, defensores de medio ambiente, activistas y también exguerrilleros de las FARC en los últimos cuatro años.

4. El cumplimiento del proceso de paz

Las organizaciones sociales también reclaman al gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC alcanzado en 2016.
En particular, y relacionado con el punto anterior, critican duramente lo que consideran un incumplimiento por parte del gobierno respecto al punto 4 del acuerdo que habla de la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito por otras alternativas de subsistencia para las comunidades más pobres. Esto, según los expertos, está contribuyendo a la crisis de inseguridad que vive población indígena en el país.
En abril de este año, Duque presentó seis cuestionamientos a la ley de la justicia para la paz, lo que le provocó una ola de críticas e incluso protestas callejeras.
Aquella decisión, que fue sugerida por Álvaro Uribe apenas unos días antes, provocó que defensores del acuerdo con la exguerrilla FARC acusaran a Duque de «permitir morir la paz» y de ser tildado por columnistas como «subpresidente».
Recientemente se han llevado a cabo operaciones contra la disidencia de las FARC. En la última, en un caso que estremeció a la sociedad colombiana, al menos ocho menores de edad (algunos medios hablan de 18) murieron en un operativo de las fuerzas de seguridad a un campamento guerrillero.
La muerte de los menores, incluida una niña de 12 años, un adolescente de 15 años y otra menor de 16, había sido ocultada por el gobierno -que solo había hablado de una impecable y exitosa operación- pero fue revelada en el congreso, costándole el puesto al ministro de Defensa Guillermo Botero.
Las críticas contra Botero se habían agravado en mayo pasado cuando un reportaje de The New York Times revelaba que el alto mando ordenó a los militares que doblaran «el número de criminales y guerrilleros que matan, capturan o fuerzan a rendirse en combate (y posiblemente admitiendo un mayor número de víctimas civiles)».
Esto hizo recordar directivas similares que, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, condujerom a la ejecución por parte del ejército de miles de jóvenes que luego fueron presentados como guerrilleros, en lo que se conoció como los «falsos positivos».

martes, 19 de noviembre de 2019

sábado, 16 de noviembre de 2019

TUPAC KATARI (1781)

” A mí solo me matarán…, pero mañana volveré y seré millones”
En 1781 en la ciudad de La Paz es ejecutado el líder indígena boliviano
 Túpac Katari, por desmembramiento, igual que el líder Túpac Amaru el 
18 de mayo de ese año. Antes de morir gritó:
 «Me matan a mí solo, pero volveré y seré millones»

Julián Apaza Nina, más conocido como Túpac Katari, Túpaj Katari, o simplemente Katari nació en Ayo Ayo, provincia de Sica Sica, Virreinato del Perú, en 1750 y fue asesinado en  La Paz, el 15 de noviembre de 1781, fue un caudillo de etnia aimara, hijo de un minero que murió como mitayo en las minas de Potosí.
El día en que nació Julián Apaza, los comunarios aymaras vieron admirados que dos hermosos y enormes mallkus (cóndor) bajaron a Sullkawi en Sica Sica, y se posaron en las montañas cercanas, uno de los cóndores representaba a la Nación aymara y otro a la Nación Quechua.
Su madre Marcela Nina salió con la wawa (su hijo) para mostrarle a la Pachamama, y su padre Nicolás Apaza señaló a una enorme serpiente que levantaba la cabeza. Admirados pero sin miedo vieron que la serpiente saludaba al niño, entonces supieron que Julián sería importante para los pueblos aymara y quechua.
Luego de quedar huérfano en su adolescencia comenzó a servir como ayudante de cura, convirtiéndose en campanero gracias a su tío Manuel, curaca de una comunidad vecina a Ayo Ayo, llegando a ser campanero oficial de la iglesia del poblado.
Posteriormente trabajó dos años como peón en la mina de San Cristóbal, de Oruro, al principio como barretero y luego acarreando trozos de mineral. Allí conoció el sufrimiento de otros indígenas y comenzó a proclamar la necesidad de rebelarse.
Se trasladó a Sica Sica donde trabajó como panadero y donde vio un hermoso aguayo hecho con la habilidad de los antiguos y cuando preguntó​ quien lo había hecho le mostraron a una joven muy bella llamada Bartolina Sisa a la cual amaría toda su vida y con la cual se casó.
En 1772, ya casados, tuvieron el primero de sus cuatro hijos :tres varones y una niña. Más tarde fue comerciante trajinante minorista hasta La Paz, estudiando la forma de pensar de los indígenas, mestizos y cholos, observando especialmente su descontento creciente ante la explotación colonial.​
Fue apoyado en su lucha por su esposa , Bartolina Sisa y su hermana menor Gregoria Apaza. Adoptó el seudónimo de Túpac Katari en homenaje al cacique-Inca rebelde Túpac Amaru II (1738-1781) que se levantó en Cuzco y Tomás Catari (1740-1781), cacique de Chayanta. Julián Apaza alias Túpac Katari, como caudillo rebelde de las tropas de la etnia aymara, se alió parcialmente e hizo frente a la supremacía quechua.
Su autoridad se hacía explícita en su nombre (amaru: serpiente en quechua; catari: serpiente en aymara). Su rebelión tuvo características muy particulares y diferencias notables con la de Túpac Amaru II.
A pesar de encontrar cierta resistencia, la facción quechua tuvo desde el principio control sobre la facción aymara, liderada por Túpac Catari.
Diego Cristóbal Túpac Amaru se había disgustado frente a las pretensiones de éste de actuar como virrey de Túpac Amaru II, aunque finalmente fue aceptado como gobernador, particularmente por sus conocimientos del territorio, sus contactos personales y su ascendiente sobre la masa indígena. Túpac Catari utilizó a sus parientes, para que lo ayudaran y ocuparan los puestos directivos.
De igual forma utilizó el sistema de colaboración mutua entre parientes, y los vínculos creados por el compadrazgo. El líder utilizó su experiencia como trajinante de coca y bayetas, para organizar junto a sus parientes un comercio clandestino de coca y vino, cuyas ganancias fueron empleadas para financiar el movimiento rebelde y abastecer las tropas del Alto Perú.
Sus conexiones familiares sirvieron tanto para reclutar tropas como para organizar el apoyo económico del movimiento, de igual manera que lo hizo Túpac Amaru II con sus parientes arrieros. Un elemento diferencial importante derivado de las diferentes posiciones sociales de ambos líderes, fue que si Túpac Amaru II ejerció un control vertical sobre su movimiento a través de su política de cambiar caciques y alcaldes indígenas en las provincias que llegó a controlar, Túpac Catari no pudo imponer verticalmente su autoridad, dejando que los caciques fueran propuestos por las comunidades indígenas.
Tal diferencia se debería a que Túpac Amaru II era parcialmente reconocido como integrante de la nobleza indígena y tenía la posibilidad de pedir apoyo económico y político a los caciques vecinos, mientras que Túpac Catari carecía de ese privilegio, necesitando recurrir a las comunidades locales para garantizar el control de la rebelión aymara. Ello también explicaría la violenta reacción de Túpac Catari frente a los privilegios y la colaboración con los españoles de algunos caciques, llegando a ejecutar a alguno de ellos.
Otra diferencia fue la de que, si en la fase quechua los criollos participaron como armeros, escribanos y asesores, en la fase aymara su peso social disminuyó notablemente en número e importancia, siendo casi inexistente.
Ni Túpac Catari, ni Miguel Bastidas, hermano de la esposa de Túpac Amaru, sabían leer ni escribir, y sus escribanos o amanuenses fueron generalmente mestizos. El alejamiento de los criollos del movimiento rebelde se debió particularmente al aumento creciente de la violencia, y a los reiterados ataques de parte de los indígenas a los intereses económicos y privilegios que poseían aquéllos en haciendas, minas y obrajes.
Como indígena puro, Túpac Catari desarrolló una política mucho más radical respecto a los criollos, considerándolos blancos y prescindiendo de su apoyo en el Alto Perú. Sin embargo, fue capaz de establecer alianzas con mestizos, mulatos y negros, quienes participaron en su ejército.
Además, en las tropas aymaras surgió un fuerte sentimiento antiespañol y anticriollo, por lo tanto antiblanco, dando lugar a una auténtica guerra étnica, intentando incluso abandonar toda costumbre europea, regresando a las pautas indígenas precolombinas.
Julián Apaza aprovechó las condiciones que se dieron en el Alto Perú con la sublevación de los Katari, cuando el día 13 de marzo los paceños se vieron forzados a defender su amada ciudad ante el asalto de los indígenas, que al no poder tomar la ciudad la sitiaron. Julián Apaza con el nombre de guerra de Túpac Katari levantó una gran tienda de lona en la Ceja de El Alto, que era visible desde el valle de Chuquiapu.
Donde le proclamaron y firmó como Inca Rey de los Aymaras y lanzó una proclama que decía: Así lo declaró el 19 de marzo de 1781, un cañari que convocó a todos los indios del común de Tiquina en nombre de Túpac Catari, diciendo: {{Cita|Manda el Soberano Inca Rey de los Aymaras, que pasen a cuchillo a todos los corregidores, sus ministros y caciques, cobradores y demás dependientes.
Como asimismo a todos los chapetones, criollos mujeres, niños de ambos sexos y toda persona que parezca ser española o lo sea, o que a lo menos esté vestida a imitación de tales españoles. Y que si esta especie de gentes se favoreciesen en algún sagrado o sagrados y algún cura u otra cualesquier personas impidiese o defendiesen el fin primario de degollarlas, también se atropelle por todo, ya pasando a cuchillo a los sacerdotes y ya quemando las Iglesias.
En cuyos términos que tampoco oyesen misas, ni se confesasen, ni menos diesen adoración al Santísimo Sacramento (…) así mismo no tuviesen los indios sus consultas en otros lugares que no fuesen los cerros, procurando no comer pan, ni beber agua de las pilas o estanques, sino enteramente separarse de todas las costumbres de los españoles.
Durante marzo de 1781, las fuerzas quechuas de Azángaro cooperaron con las fuerzas aymaras de Chucuito para expulsar a los españoles de Puno, aunque los tupamaristas comenzaron a enfrentarse a los cataristas, más populares y radicales. Y en los meses que siguieron a la captura y ejecución de José Gabriel Túpac Amaru, pudo observarse escasa cooperación entre quechuas y aymaras, rivalizando ambas facciones por dominar el Alto Perú. Durante el segundo sitio de La Paz, los indios de Carabaya lucharon al lado de los quechuas, mientras que los de Pacajes lo hacían con los aymaras.
Orellana comunicó a las autoridades de Arequipa que las fuerzas rebeldes se hallaban profundamente divididas, reconociendo como su rey a Túpac Amaru II o a Túpac Catari, nunca a ambos conjuntamente.
Durante el sitio de Puno, los comandantes tupamaristas Andrés Quispe y Juan de Dios Mullpuraca pusieron en claro que sólo aceptaban órdenes de Diego Cristóbal Túpac Amaru e inicialmente no apoyaron las demandas aymaras para la abolición del tributo y la mita. Cuando se convirtió en jefe de la rebelión, la situación se agravó al empeñarse en que las fuerzas aymaras izaran su bandera y sólo permitir a Túpac Catari ocupar un cargo de tercer nivel, aunque tuvo la prudencia de reconocer la autonomía de las provincias aymaras. Por eso, cuando en agosto los tupamaristas se unieron al sitio de La Paz, bajo el mando de Andrés Túpac Amaru y Miguel Bastidas, las diferencias se hicieron palpables con la separación de los acantonamientos militares; lo que también recordaba que la organización catarista estaba gobernada por representantes de los 24 cabildos indígenas de La Paz, mientras que los tupamaristas estaban bajo el mando de élites indígenas y de ladinos.
Durante los meses que precedieron a la llegada del coronel José de Reseguín desde Buenos Aires, ambos bandos apenas mantuvieron relación entre sí, entre otras razones, porque -según los historiadores- Túpac Catari se había vuelto irracional y caprichoso al entregarse con asiduidad a la bebida, consultando oráculos sobre el futuro y mandando ejecutar a quien no pudiera demostrar que era aymara, usurpándole sus tierras.
Como parte del levantamiento, Túpac Katari formó un ejército de cuarenta mil hombres y cercó dos veces por un tiempo en 1781 la ciudad española de La Paz, pero los dos intentos terminaron en fracaso por maniobras políticas y militares de los españoles, así como alianzas con líderes indígenas contrarios a Túpac Katari. Finalmente todos los cabecillas de la rebelión fueron apresados y ejecutados, incluida su esposa, Bartolina Sisa, y su hermana, Gregoria Apaza.
Este levantamiento indígena de finales del siglo XVIII fue el más extenso geográficamente y con mayor apoyo. Los virreinatos afectados necesitaron dos años para sofocarlo.
Los rebeldes asediaron la ciudad de La Paz desde el 13 de marzo de 1781 durante ciento nueve días sin éxito, debido a la resistencia y al apoyo de tropas mandadas desde Buenos Aires.
En ese contexto el virrey Agustín de Jáuregui aprovechó la baja moral de los rebeldes para ofrecer amnistía a los que se rindieran, lo cual dio muchos frutos, incluyendo algunos líderes del movimiento. Túpac Katari, que no había aceptado la amnistía y se dirigió a Achacachi para reorganizar sus fuerzas dispersas, fue traicionado por algunos de sus seguidores y apresado por los españoles en la noche del 9 de noviembre de 1781.
Durante el segundo cerco se unió a los rebeldes túpackataristas, Andrés Túpac Amaru, sobrino de Túpac Amaru II y vinculado sentimentalmente a Gregoria Apaza, hermana menor de Túpac Katari.
Como recompensa moral de los esfuerzos y sacrificios que tuvieron que soportar los españoles de la ciudad de La Paz, por cédula real del 20 de mayo de 1784, a la ciudad de La Paz le fue otorgada el título de “noble, valerosa y fiel”.
En el Alto Perú, un traidor entregó a los españoles en Chayanta al cacique sublevado Tomás Katari, pero cuando lo conducían a La Plata para ser juzgado​ lo arrojaron por un barranco y lo mataron. Como venganza por el asesinato de su cacique, la sublevación se extendió aún más ese mismo mes de diciembre y otro miembro de la familia, Dámaso Katari, llevó a cabo una matanza de mineros y españoles en la zona, y se dirigió con miles de aymaras a sitiar de nuevo la ciudad de La Plata, donde Ignacio Flores, Paula Sanz, también compañero de la expedición, y otros militares españoles y las milicias de la ciudad, intentaban seguir resistiendo.​
Francisco Tadeo Diez de Medina, el juez quien lo condenó a morir descuartizado, en su sentencia dijo:
“Ni al rey ni al estado conviene, quede semilla, o raza de éste o de todo Tupaj Amaru y Tupaj Katari por el mucho ruido e impresión que este maldito nombre ha hecho en los naturales… Porque de lo contrario, quedaría un fermento perpetuo…”

Se le atribuye a Tupac Katari, antes de morir ejecutado, haber mencionado las frases célebres:
” A mí solo me matarán…, pero mañana volveré y seré millones”
(en idioma aymara):
Naya saparukiw jiwyapxitaxa nayxarusti, waranqa,
 waranqanakaw tukutaw kut’anipxani….
Túpac Katari y su esposa Bartolina Sisa son muy populares en Bolivia. Su nombre de guerra, Túpac Katari, como su verdadero nombre, Julián Apaza, se han utilizado como parte del nombre de partidos políticos, grupos guerrilleros, sindicatos, escuelas e incluso como primer nombre de personas.