Las protestas masivas llegaron a Colombia. Motivos

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22 noviembre 2019, 05:50

Con las fronteras del país cerradas y las fuerzas militares en máxima alerta, Colombia vivió ayer jueves una masiva jornada de protestas convocadas por opositores del presidente Iván Duque y su gobierno.

Las centrales obreras y movimientos sindicales que llamaron a la protesta lo calificaron como «paro nacional» y se registraron protestas en Bogotá y otras grandes ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla.

Las protestas comenzaron con marchas pacíficas, pero pronto se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en algunos puntos del país. En la capital se registraron fuertes disturbios tanto en el centro como en el noroeste, donde algunos manifestantes intentaron dirigirse al aeropuerto internacional El Dorado.

Otros disturbios se produjeron en Cali, donde el alcalde, Maurice Armitage, decretó el toque de queda en la ciudad a partir de las 7 de la noche de este jueves tras los destrozos registrados en varios puntos de la ciudad. Los medios locales informaron que otras manifestaciones continuaron de manera pacífica.

El gobierno había implementado de forma previa una serie de medidas, entre ellas el cierre desde primera hora del miércoles y hasta las 5:00 de la mañana del viernes de los pasos fronterizos de Colombia con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú. Además se ordenó el acuartelamiento en primer grado (máxima alerta) de las fuerzas militares.

Desde 1977 no se viviera en el país tanta tensión por un paro nacional.

Motivos planteados:

1. El «paquetazo»
Según los convocantes, el gobierno del presidente Iván Duque prepara un «paquetazo» de medidas que causarán un fuerte impacto económico y social en los trabajadores.

Entre ellas, estaría la propuesta de eliminar el fondo estatal de jubilaciones Colpensiones, aumentar la edad para jubilarse y reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en 75% del mínimo, entre otras medidas.

El Gobierno ha negado que vaya a aplicar muchas de estas medidas, asegurando que no es cierto que haya presentado al Congreso las reformas laboral y de la seguridad social que denuncian los sindicatos y que todo deberá ser objeto de negociación.

Pero aunque en los actos públicos de los últimos días de Duque y sus ministros han estado dedicados a explicar la posición oficial al respecto, varias de las medidas han sido esbozadas públicamente por personas u organizaciones próximas al gobierno, incluyendo al ex presidente y senador Álvaro Uribe Vélez, líder del oficialista Partido Centro Democrático.

2. La educación
A las manifestaciones acudieron también estudiantes de universidades públicas y privadas que se han movilizado en varias ocasiones durante el último año.

Reclaman más inversión en educación y el cumplimiento de acuerdos firmados el año pasado después de más de dos meses de protestas y que incluyen inversiones para las universidades de unos US$1.300 millones.

Los estudiantes también marcharon contra la brutalidad policial en las protestas, en especial del escuadrón antidisturbios, y por el combate a la corrupción en varias universidades.

Sin embargo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, asegura que el gobierno sí está cumpliendo y prueba de ello es que se ha destinado a Educación unos recursos «nunca antes vistos».

3. Matanzas de indígenas, líderes sociales y ex guerrilleros
Los manifestantes también reclaman medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, blanco de una ola de asesinatos que se ha cobrado la vida de decenas de ellos desde que Duque llegó al poder, hace 15 meses.

La situación es particularmente delicada en el departamento del Cauca, ubicado en una región montañosa del suroeste colombiano, que vive sumido en una espiral de violencia por la presencia de grupos armados, disidencias de las FARC, paramilitares y bandas de narcotraficantes.

Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz nombrado por el presidente Duque para liderar un plan de acción social para el Cauca tras los últimos asesinatos, ocurridos en octubre, anunció una inversión cercana a los US$ 390 millones para subvencionar proyectos y procesos de emprendimiento, construir infraestructuras y mejorar la cobertura sanitaria y educativa en la región.

Además, el presidente colombiano anunció el despliegue de 2.500 militares en la región, medida cuestionada por algunos líderes indígenas que creen que la militarización no soluciona el problema.

De acuerdo con recuentos de organizaciones sociales, en Colombia ocurrieron más de 400 asesinatos, líderes sociales, defensores de medio ambiente, activistas y también exguerrilleros de las FARC en los últimos cuatro años.

4. El cumplimiento del proceso de paz
Las organizaciones sociales también reclaman al gobierno un mayor compromiso con la implementación del acuerdo de paz con las FARC alcanzado en 2016.

En particular, y relacionado con el punto anterior, critican duramente lo que consideran un incumplimiento por parte del gobierno respecto al punto 4 del acuerdo que habla de la sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de uso ilícito por otras alternativas de subsistencia para las comunidades más pobres. Esto, según los expertos, está contribuyendo a la crisis de inseguridad que vive población indígena en el país.

En abril de este año, Duque presentó seis cuestionamientos a la ley de la justicia para la paz, lo que le provocó una ola de críticas e incluso protestas callejeras.

Aquella decisión, que fue sugerida por Álvaro Uribe apenas unos días antes, provocó que defensores del acuerdo con la exguerrilla FARC acusaran a Duque de «permitir morir la paz» y de ser tildado por columnistas como «subpresidente».

Recientemente se han llevado a cabo operaciones contra la disidencia de las FARC. En la última, en un caso que estremeció a la sociedad colombiana, al menos ocho menores de edad (algunos medios hablan de 18) murieron en un operativo de las fuerzas de seguridad a un campamento guerrillero.

La muerte de los menores, incluida una niña de 12 años, un adolescente de 15 años y otra menor de 16, había sido ocultada por el gobierno -que solo había hablado de una impecable y exitosa operación- pero fue revelada en el congreso, costándole el puesto al ministro de Defensa Guillermo Botero.

Las críticas contra Botero se habían agravado en mayo pasado cuando un reportaje de The New York Times revelaba que el alto mando ordenó a los militares que doblaran «el número de criminales y guerrilleros que matan, capturan o fuerzan a rendirse en combate (y posiblemente admitiendo un mayor número de víctimas civiles)».

Esto hizo recordar directivas similares que, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, condujerom a la ejecución por parte del ejército de miles de jóvenes que luego fueron presentados como guerrilleros, en lo que se conoció como los «falsos positivos».