LA PROXIMA GRAN BATALLA, -- del blog de Abel

... en el Congreso

junio 7, 2016

Empiezo aclarando porqué hablo de una Gran Batalla; en este tiempo las mayúsculas salen fáciles: Se pelea por disponer de 9.400 millones de dólares (al menos), y de una herramienta de supervisión y control parcial en unas 40 empresas importantes. Como ven, no se trata de una escaramuza.
Esta pelea fue planteada por el gobierno de Macri (no es sorprendente) envuelta en un discurso sobre “la reparación histórica a los jubilados”. Por supuesto, ningún político puede cuestionar en público nada que sea “en favor” de los jubilados, como no puede hablar mal de las madres y las novias. Los blogs no tienen esas limitaciones, y los que se oponen a este gobierno procedieron a rasgar los velos (Hasta donde yo sé, Néstornautasfue el primero).
Este domingo Horacio Verbitsky tomó el tema y lo resumió con su prosa elegante:
“El proyecto de ley de emergencia y sinceramiento sugiere que la reparación histórica en marcha no es a los jubilados sino a las grandes empresas, que avizoran la anhelada recuperación de los paquetes accionarios en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino. Así se desprende de sendos análisis realizados por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), fundado por Eduardo Basualdo, y por el ex Administrador Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Amado Boudou, quien en 2008 fue el impulsor de la estatización de las AFPJ, acaso la política más exitosa de los dos gobiernos de CFK.

CIFRA entiende que el objetivo de la reforma previsional es liquidar las disponibilidades y las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este Centro de Estudios de la CTA estima que el blanqueo alcanzará unos 20.000 millones de dólares, con una recaudación para el Estado Nacional de aproximadamente 2.000 millones, lo que no cubriría ni una cuarta parte de los fondos requeridos para aplicar el Plan en 2016. Las colocaciones en títulos y obligaciones negociables constituyen el 65 % de los recursos del Fondo y no son liquidables, ya que de volcarse al mercado los títulos soberanos producirían un desplome de su precio. Tampoco es posible recuperar en el corto plazo las inversiones en proyectos productivos y/o de infraestructura, que insumen largos plazos. Quedan así las disponibilidades del FGS, valuadas en 3.728 millones de dólares y sus acciones, en 5.673 millones de dólares.

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Esto incluye la participación del Estado en el capital de unas 40 empresas, de las que en el cuadro de arriba se muestran las 15 más importantes. La estatización de las AFJP, en 2008, desató el conflicto más duro del Estado con todas las fracciones del capital y dio lugar a una declaración de guerra de la trasnacional italiana Techint y del Grupo Clarín contra el gobierno de la ex presidente CFK. A fines de 2010, Héctor Magnetto, dijo en un reportaje con el diario inglés Financial Times que el gobierno de Cristina “está entrando en una fase confiscatoria”. Y el de Techint, Paolo Rocca, pronunció un discurso incendiario contra cualquier distribución de ganancias y protección laboral, y presionó como hace siempre por una nueva devaluación. En 2011 el Estado modificó la legislación por la cual las acciones de la ANSES en las empresas sólo tenían derechos políticos en la asamblea de accionistas hasta el 5 por ciento. Desde entonces el Estado hace oír su voz en forma proporcional a su paquete accionario, una ofensa intolerable para el conjunto del patronato y su principal término de unidad“.

Es lógico y racional, en los términos del capitalismo realmente existente, que los empresarios resientan la presencia del Estado en sus empresas, la insoportable posibilidad que conozca sus números reales. Estas acciones valen para ellos mucho más que su precio de mercado.
El gobierno del PRO, si alguno, es receptivo al reclamo empresario. Hasta resulta curioso que en el paquete legislativo que impulsa -con la atractiva bandera de “reparación a los jubilados”- haya tres cláusulas… irritativas: la que permitía a los funcionarios públicos acogerse al blanqueo previsto; la persecución penal a los que se atrevieran a publicar quiénes lo hacían; y -menos chocante para los honestistas pero aún más pesada para los que se preocupan por los verdaderos agujeros en la supervisión de la actividad económica- la prevista autorización para estas ventas del Fondo de Garantía. Uno se pregunta cuáles son puntos para negociar, indicios de corrientes encontradas en el seno del PRO, o simples errores de CEOs  sin experiencia en política.
Como sea, la Gran Batalla está planteada en el Congreso Nacional. La describe esta nota de Ezequiel Rudman:
“Primero, los aliados de Cambiemos, la UCR y la Coalición Cívica, vetaron la inclusión de funcionarios públicos nacionales en el blanqueo de capitales enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso (la autorización para repatriar capitales quedó reducida a legisladores, jueces y gobernadores. Aunque podrían ser eliminados del dictamen).
Esta semana será el turno del peronismo: el Frente Renovador de Sergio Massa, el Frente para la Victoria de Héctor Recalde y el Bloque Justicialista de Oscar Romero deben plantear hoy su rechazo a la venta de acciones privadas de la ANSES en el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión y Seguridad Social.
Las huestes peronistas confluirían nuevamente en Diputados, como un déjà vu de la ley antidespidos vetada por Mauricio Macri. Entre Massa, Recalde y Romero, más los ocho diputados del Frente Amplio Progresista que comanda la socialista Alicia Ciciliani, el pan peronismo de la Cámara de Diputados agrupa 145 votos sobre un total del 257. El número es suficiente para rechazar la derogación implícita de la ley que, en la gestión de Cristina de Kirchner, impuso una mayoría de dos tercios para autorizar la venta de las acciones de ANSES en empresas privadas.
“La venta de esas acciones tiene un valor simbólico y político, la vamos a rechazar y pediremos antes de la firma del dictamen que se elimine del proyecto”, advirtió ayer Héctor Daer, diputado massista que preside la comisión de Previsión y Seguridad Social. Desde el Bloque Justicialista, Diego Bossio, también se manifestó en contra de “liquidar” el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, al considerar que esos activos garantizan el sistema previsional de reparto y la futura jubilación de los argentinos. “No queremos liquidar esos activos y queremos que todos los argentinos tengan la seguridad de que se van a jubilar”, aseveró a la vez que insistió con que el FGS “garantiza que la gente pueda seguir jubilándose”. El panorama de rechazo peronista en Diputados lo completa Recalde (FpV): “Es preciso no vender las acciones del Estado en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque es volver a la privatización. Es muy importante que el Estado tenga participación en las empresas, no sólo por el valor económico sino también por la influencia económica“.
Más allá de los discursos -siempre llenos de buenas intenciones- la línea divisoria la traza un problema de poder (no es sorprendente). Quienes tienen expectativas razonables de llegar a ser gobierno, no quieren perder un instrumento de supervisión, y negociación.
Entonces, esta alianza “pan peronista” reflejaría, más que un acuerdo doctrinario, la voluntad de conservar una herramienta valiosa en manos del Estado. En pocos días más comprobaremos si es una voluntad firme. Uno recuerda que hay batallas que se han perdido porque hay tropas que se retiran, sin combatir. Pavón, por ejemplo, y otras más recientes.