Compartir
El Gobierno volvio a defender los intereses de la familia Macri por la deuda del Correo Argentino SA con el Estado. El apoderado del Ministerio de Comunicación, Juan Bernabé Araoz, pidió que se suspenda la audiencia pública donde iba a tratarse el tema porque Macri está próximo a autorregular por decretos las incompatibilidades que tiene por ley para manejar los negocios familiares. Así la empresa del presidente logró dilatar, una vez más, esta causa y sigue sin pagar sus deudas.
Una vez más, los Macri logran ganar tiempo y demorar el pago de su deuda con el Estado, que acumula más de 15 años. En la primera audiencia tras el escándalo desatado por la intención del presidente Mauricio Macri de condonarle 70 mil millones de pesos a su familia por la deuda de Correo Argentino SA, el Estado volvió a defender, en los hechos, los intereses de la familia Macri. La estrategia fue simple. Antes de que comenzara la reunión, el Gobierno presentó una nota donde pidió “la suspensión de la audiencia” y “la suspensión de todos los plazos que estuvieran corriendo en la presente causa por el término de ciento veinte días”. El pedido lo hizo Juan Bernabé Araoz, apoderado del ministerio de Comunicación, “siguiendo expresas instrucciones del señor Ministro de Comunicaciones” Oscar Aguad. La excusa: que el Gobierno está preparando dos decretos para regular los conflictos de interés.
En concreto: Macri quiere ganar tiempo en base a dos decretos que el propio Macri va a firmar para reglamentar los conflictos de interés en los que el mismo Macri está envuelto. Así, en vísperas de la audiencia donde tenía que comenzar a resolverse la cuestión, el presidente ordenó ganar tiempo. No quiere que el escándalo del Correo siga empañando la agenda electoral.
Macri quiere ganar tiempo en base a dos decretos que el propio Macri va a firmar para reglamentar los conflictos de interés en los que el mismo Macri está envuelto.
La audiencia igualmente se hizo pero, con esta maniobra del Gobierno, quedó trunca. No hubo ni nueva propuesta de pago de Correo Argentino ni pedido de quiebra de parte del Estado ni nada. Sólo un nuevo capítulo de la estrategia de los Macri para retardar el pago de sus deudas.
La reunión empezó a las 11 de la mañana. Por Correo Argentino SA participaron su Presidente, Jaime Cibilis Robirosa, y Leonardo Maffioli, el CEO de SOCMA, la empresa insignia de la familia Macri. Su relación en esto es directa: SOCMA controla SIDECO y SIDECO controla Correo Argentino, por lo tanto, SOCMA controla de forma indirecta a Correo Argentino. Por el Estado Nacional no asistió Juan Mocoroa, el funcionario que aceptó la propuesta que desató el escándalo por la condonación de 70 mil millones de pesos a la familia presidencial. Para esta audiencia el gobierno envió a Juan Bernabé Araoz, el funcionario que presentó la nota para suspenderla. Pese a esto, Mocoroa y Araoz comparten una característica: no son abogados de planta permanente del Estado, sino que ambos tienen designaciones transitorias. En el caso de Araoz, fue designado por 180 días al frente de la Coordinación de Asuntos Contenciosos del Ministerio de Comunicación. Por el ámbito judicial estuvieron la fiscal general Gabriela Boquín y las juezas que digitan y demoran hace años este expediente, Maria Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini.
El Gobierno pidió que se suspendiera la audiencia y todos los plazos por 120 días hábiles. La estrategia es clara. Ganar tiempo, dilatar este juicio que lleva más de 15 años. Las juezas Gomez Alonso de Diaz Cordero y Ballerini jugaron, una vez más, para los Macri, y pasaron el pedido primero a las sindicaturas de la causa. Son tres, la sindicatura general, la controlante y la verificante. Las juezas resolvieron que recién cuando todas las sindicaturas opinen le va a pasar la cuestión a la fiscal Boquín. “No dando para más”, como quedó constancia en el acta de la audiencia, todo terminó ahí. Entre los días que se tomen las sindicaturas más lo que le demande a la fiscal el análisis de lo que opinen y el nuevo plazo que pidió el Gobierno la cuestión de que no afecte la agenda electoral está resuelta. El apellido Macri gana de ambos lados del mostrador: del lado empresario no paga, del de Gobierno transita el año sin este escándalo atravesando la campaña.
El Gobierno pidió que se suspendiera la audiencia y todos los plazos por 120 días hábiles. La estrategia es clara. Ganar tiempo, dilatar este juicio que lleva más de 15 años.
En definitiva, las juezas fueron funcionales a la estrategia de los Macri y el Gobierno. “La aspiración última de esta Administración consiste en la obtención de la mayor transparencia pública posible”, dice el escrito del Gobierno que logró dilatar, una vez más, esta causa. Lo cierto es que ni Macri ni nadie del Gobierno abonaron a la transparencia en la cuestión del Correo. Nadie comunicó la aceptación de la propuesta que hizo la familia presidencial calificada por la fiscal Boquín de “abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad”. La aceptación fue el 28 de junio de 2016, pero recién en febrero de 2017 la cuestión tomó estado público y no gracias a una difusión del Gobierno. Todo lo contrario. Sumado a esto, y en búsqueda de transparencia, la fiscal Boquín solicitó que se filmara esta nueva audiencia. Las juezas se lo negaron, un nuevo favor a los Macri.
El argumento del Gobierno para dilatar este juicio es que está trabajando en dos decretos para reglamentar situaciones donde existan conflictos de interés. Estos proyectos fueron anunciados por Macri en la apertura de sesiones legislativas y sus borradores fueron publicados en la página web de la Oficina Anticorrupción, que recibe críticas y sugerencias sobre su contenido. Más allá que la cuestión sobre conflicto de interés ya está tipificada en la Ley 25.188, la ley de Ética Pública, incluso estos borradores recibieron críticas. Entre ellas, la del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), que sostiene: que el tema no debe tratarse por decreto sino en una ley; que “se están excluyendo ciertos vínculos que pueden generar conflictos de intereses” como “los vínculos basados en relaciones laborales previas”; que “deben abarcarse los vínculos que los empresarios tengan con todas las personas políticamente expuestas” y no sólo, como plantean los borradores, al Presidente, Vicepresidente, Jefe de Gabinete de Ministros y titular del organismo donde esté el conflicto; que deben “incluirse los vínculos basados en la pertenencia de varias empresas a un mismo grupo económico”; que en el proyecto para supuestamente evitar conflicto de interés en contrataciones se deja a cada organismo la decisión de qué procedimientos ejecuta; que “este problema (de conflicto de intereses) se encuentra íntimamente unido al fenómeno de la ‘puerta giratoria’ (…) a partir del cual ciertos profesionales pasan del sector privado al público, muchas veces con funciones de control sobre los mismos temas y sujetos con los cuales trabajaban”; que desde el Gobierno hicieron “interpretaciones sumamente restrictivas en torno a qué casos configuran conflictos de intereses”; entre otras críticas. El texto lo firma el Director Ejecutivo del CIPCE, Agustín Carrara.
El pedido de suspender todo que hizo el Gobierno y al que las juezas dieron lugar da por hecho que los decretos se publicarán “en días nada más”, pese a las críticas que recibieron. En la misma solicitada donde el Gobierno pidió suspender la audiencia dice que su objetivo “se ha tornado abstracto en atención a los indicados cambios inminentes”. Lo notable es que el argumento para aplazar la cuestión del Correo es que están trabajando en dos decretos que, además, no son retroactivos. Y donde, valga la redundancia, regulan el conflicto de intereses cayendo en un conflicto de interés: el de Macri pidiendo dilatar una causa que lo involucra mientras cambia las reglas del juego.
@arilijalad
No hay comentarios:
Publicar un comentario