lunes, 8 de diciembre de 2014

QUIENES CAMBIARON EL NOMBRE DE LA CALLE JOSE HERNANDEZ, EN EL CENTRO DE EZEIZA, TIENEN EN ESTE ARTICULO UNA CANTIDAD DE RESPONSABLES DEL GENOCIDIO DE LA DENOMINADA CAMPAÑA DEL DESIERTO, SI QUIEREN, SEGURAMENTE TIENEN CALLES PARA CAMBIAR

El cacique que regresa a su territorio

Inacayal cayó preso en la Campaña al Desierto y tras su muerte fue exhibido en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Ahora será enviado a una comunidad de Chubut que lo reclamaba.

Inacayal era hijo de padres de distintas etnias, tehuelches y mapuches. Fue uno de los últimos jefes de pueblos originarios en resistir la campaña militar a la Patagonia comandada por el general Julio A. Roca. En 1885 acordó un parlamento con el general Conrado Villegas, que lo traicionó y ordenó emboscarlo y apresarlo la noche anterior a la del encuentro. En lugar de trasladar al grupo –de unas 20 personas– a alguno de los fortines en donde concentraban a los prisioneros, a solicitud del perito Francisco P. Moreno fue llevado al Museo de La Plata. Allí Inacayal y los demás fueron obligados a trabajar como ordenanzas y peones.
En 1888 Inacayal murió –al caer por unas escaleras, según la versión oficial, muy discutida–, con más de 50 años de edad, luego de lo cual fue diseccionado y expuesto en partes separadas en vitrinas del museo.
El operativo del martes nace en la Ley nacional 25.517, impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner en 2006, que ordenó la restitución de los restos mortales de museos a los pueblos indígenas que los reclamen, además de tratar a los que no se entreguen con el debido respeto. Ya el 20 de abril de 1994 habían restituido restos óseos de Inacayal a las comunidades indígenas de Chubut, para un enterratorio ceremonial. Esta semana la restitución se completará con su cerebro y cuero cabelludo, y los restos de su mujer y de su sobrina, Margarita Foyel, reclamada formalmente por la Comunidad Mapuche Tehuelche Nahuelpan.
“Esta restitución cierra un proceso muy complejo, no sólo referido al manejo de colecciones antropológicas en los museos, sino sobre la construcción del Estado argentino en relación con los pueblos originarios”, explica el historiador Walter Delrio, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Río Negro.
Delrio investigó la toma de prisioneros aborígenes y su disposición como esclavos para familias e industrias de todo el país, además de entregas para prostitución, y también el uso de los restos para investigación científica sin ningún tipo de escrúpulos. “Decenas de miles de grandes y chicos fueron trasladados hacia fortines que funcionaron como centros de concentración para la distribución posterior a las ciudades. Iban a curtiembres, industrias vitivinícolas, molinos, zafra, obras públicas; a familias como criados, y también reclutados en el Ejército y la Marina”, explicó.
El investigador define que se trataba de “políticas y prácticas genocidas, tanto del gobierno como de la sociedad civil: la distribución de los chicos era encargada a damas de beneficencia, la Iglesia Católica los bautizaba cambiándoles los nombres, y los padrinos eran los presuntos adoptantes”. “Luego de la muerte de miles de indígenas, se disolvieron los vínculos familiares de los sobrevivientes y dentro de la estructura estatal se buscó desarticular a los pueblos. No sólo se buscó su desaparición física, sino que se intentó hacer desaparecer a los pueblos completos, por eso hablamos de genocidio”, define.
Moreno había antecedido a la conquista con cinco viajes a la Patagonia, definidos como exploratorios y naturalistas, en los que contribuyó con datos a acuerdos de frontera con Chile. Creó el Museo de La Plata y propició su primer contenido, proceso en el que exhibía y describía a los prisioneros vivos y luego diseccionados. Se decía “amigo” de Inacayal y otros jefes, y fue en función de eso que pidió que sean llevados a La Plata, supuestamente para poner a salvo sus vidas y destinos.
Los procesos revisionistas críticos tienen distintos matices, algunos como los de Osvaldo Bayer lo señalan como parte de la organización y ejecución del genocidio, y otros documentan el aporte informativo esencial que brindó al Ejército sobre los pueblos originarios y su geografía.
Recién en la década de 1980, a partir de la militancia indigenista, comienza un replanteo de la sociedad civil en conjunto: se instala la temática y se amplía la discusión. En 1992, con la conmemoración de los 500 años de la llegada de Colón, surge un fuerte revisionismo en todo país, que se hace fuerte en la academia y sectores intelectuales. Además, generó legislación de avanzada a nivel mundial, que entre otras se tradujo en el Convenio 169 de la OIT, vigente en Argentina por la Ley 24.071. En 1994, la nueva Constitución nacional incluye el artículo 75, que establece la preexistencia de los pueblos originarios al Estado argentino.
A partir de 2003, el gobierno nacional impulsó la recuperación de derechos y la discusión historiográfica. Tres años después se promulgó la Ley de Restitución. Entre esos años, fue esencial la creación del Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social (Guias), en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata, cuya investigación y trabajo se focalizó en el museo y la colección antropológica.
Guias estableció que en la entidad hay 10.000 restos humanos, de los que están identificados apenas 30, y comenzó a militar por la aplicación de la ley en todo el país, educar y concientizar, y terminar con el concepto de que la cuestión indígena es un elemento de museo.
Delrio sostiene que “la restitución es muy importante como emblema del cambio, termina con el legado de un genocidio del Estado y la sociedad argentina”. “Les devuelve la condición de personas, no elementos de colecciones, los reconoce víctimas del proceso genocida y se transforma en los primeros pasos de una reparación real. Su derecho pasado y también el presente porque allí están sus deudos reclamando y recibiendo los restos, y reconstruyendo lazos de parentesco.”

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