La Provincia de Buenos Aires es la muestra más clara de
los resultados de las políticas socioeconómicas implementadas
por Cambiemos en los últimos cuatro años: caída de la
actividad económica y ruptura del tejido productivo pyme,
aumento del desempleo a casi el 13% en el Conurbano,
incremento de la desigualdad y la pobreza (llegando a casi el
40% de la población), absoluta inacción frente a los problemas
estructurales y peligroso endeudamiento del Estado provincial.
Consecuente con todo esto, las condiciones de hábitat de la
población y las políticas públicas sectoriales son indicadores de
una grave situación de emergencia:
- Más de 1 millón de hogares sufren algún tipo de déficit
- habitacional y más de 500.000 viven en 1.585 villas y
- asentamientos. Mientras tanto, los precios dolarizados
- del suelo hacen imposible el acceso formal de familias
- trabajadoras de sectores medios y populares. La angustia
- por no tener un lugar donde vivir y, sobre todo, por falta
- de una perspectiva de solución, ha llevado a muchas familias a decisiones desesperadas como la ocupación informal de tierras.
- En la actualidad se produce un promedio de una toma por
- semana en alguno de los 135 municipios de la Provincia.
- En las diferentes ciudades bonaerenses, cerca del 20% de las
- familias reside en viviendas de alquiler bajo contratos,
- en muchos casos abusivos, por los que pagan más del 40%
- de sus ingresos, a lo que además deben adicionar gastos
- extras, expensas y tarifas. Además, 40.000 familias
- bonaerenses son deudoras hipotecarias con cláusula
- UVA que ajustan por inflación y se encuentran expuestas
- a la delicada situación de no poder afrontar los compromisos asumidos.
- Los organismos responsables de implementar políticas de
- hábitat se distribuyeron en cinco ministerios diferentes
- con el objetivo de fracturar los procesos decisionales y
- generar así serias limitaciones para las organizaciones y mayor desigualdad.
- El Instituto de Vivienda redujo muy fuertemente la cantidad de unidades producidas y entregadas que pasaron de casi 10.000 anuales de promedio en las dos décadas anteriores, a unas
- 700 entre 2016 y 2018.
- El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana
- (OPISU) solo ha ejecutado acciones cosméticas en los ocho
- barrios donde está interviniendo y en la actualidad, junto al
- resto de las obras públicas provinciales, se encuentra sin
- conducción y casi paralizado.
- La provincia desarticuló la política urbana y, en sintonía
- con el gobierno nacional, entregó la conducción de los
- organismos públicos (como la Dirección de Ordenamiento
- Urbano y Territorial) a los representantes de las empresas inmobiliarias.
La degradación ambiental en las áreas rurales y urbanas
provinciales se agravó en forma paralela a la implementación
de políticas beneficiosas al capital concentrado y al desmontaje
de programas públicos: ocupación indebida de humedales,
alteración de la escorrentía de cuencas hídricas, promoción
de prácticas rurales extractivistas, uso masivo de agrotóxicos,
contaminación de cuencas superficiales y subterráneas por
falta de control, etc.
Una estrategia innovadora
Frente a este difícil escenario generado por la crisis de las
políticas neoliberales, las políticas de hábitat no pueden
seguir los caminos tradicionales. Es necesario plantear
estrategias innovadoras para estar a la altura del importante
papel que deberán cumplir en el próximo gobierno: producir
un hábitat que garantice condiciones de vida dignas a más de
1 millón de familias, colaborar con la promoción de procesos
de desarrollo económico y creación de empleos, implementar
programas urbano habitacionales que estén regidos por una
amplia perspectiva de géneros, contribuir a un ambiente
sostenible y servir de herramienta de organización colectiva.
Porque, como decía Héctor Germán Oesterheld, “el héroe
verdadero es un héroe colectivo, un grupo humano”.
Para ello, el Colectivo de Hábitat elaboró una propuesta, con
un enfoque de derechos humanos, basada en 9 programas de
implementación inmediata para enfrentar la emergencia y 9
políticas de transformación estructural. El Colectivo es un
espacio multisectorial de organizaciones que se conformó
con el objetivo de elaborar una propuesta de políticas que
permitan lograr el acceso a un hábitat popular adecuado en la
Provincia de Buenos Aires. El desafío es lograr un territorio
económicamente equitativo, socialmente incluyente,
espacialmente integrado, ambientalmente sostenible,
culturalmente respetado, democráticamente planificado y
eficazmente gestionado. La propuesta recorrió un largo
camino de debates y se fue formulando progresivamente a
partir de la puesta en común de múltiples saberes, luchas y
experiencias que las organizaciones comparten desde hace
muchos años y, más cercanamente, desde 2009 durante el
intenso proceso que llevó a la elaboración, aprobación e
implementación de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.
Todos los aportes confluyeron en un Encuentro Provincial
de Hábitat y Vivienda el sábado 7 de septiembre pasado en la
Universidad de Hurlingham con más de 450 referentes.
Entre las acciones de hábitat prioritarias para la emergencia
del primer año de gobierno se destacan las siguientes:
1. Mejoramiento de barrios y construcción de viviendas que
contribuyan a la creación de empleo y al fortalecimiento de la
organización.
Puesta en marcha de un programa de obras comunitarias
(infraestructura, espacio público, ampliación y refacción de
escuelas y de unidades sanitarias, etc.) y de mejoramiento
del parque habitacional a través de organizaciones populares,
sociales y cooperativas que movilicen la mano de obra local.
Para esto es necesario reactivar también, de manera articulada,
tanto el actual Programa de Microcrédito como el de Lotes con
Servicios, crear bancos de materiales en los municipios,
priorizar las compras de materiales elaborados por cooperativas
y otras organizaciones autogestionadas, etc.
Urgente revisión contractual para la terminación de las obras
de cerca de 25.000 unidades de vivienda actualmente
paralizadas en diferentes conjuntos habitacionales.
Ejecución de conjuntos habitacionales PROCREAR de pequeña
escala en tierra pública.
2. Seguridad en la tenencia para garantizar derechos.
Cumplimiento efectivo en situaciones de tomas y desalojos
de la Resolución 707/19 de la Suprema Corte de Justicia
provincial, de la suspensión de desalojos aprobada en la
LAJH y en la ley nacional 27.453 (Régimen de regularización
dominial para la integración sociourbana). Revisión de la
implementación de la Ley Nacional de Regularización
Dominial 24.374 y promoción de la inscripción registral
de acuerdo a la Ley 25.797. Aplicación de nuevas figuras
para brindar mayor seguridad de tenencia y simplificación
administrativa de los procesos burocrático administrativos.
Creación de un área con competencia especifica en este tipo
de escrituraciones que en la actualidad se lleva adelante casi
en su totalidad a través de escribanos de registro.
3. Ejecución efectiva de la política de integración sociourbana
en barrios populares.
Activación de la ejecución de los proyectos y obras frente
a la actual parálisis registrada en la casi totalidad de los 8 barrios
intervenidos por la actual OPISU. Priorización de la contratación
de mano de obra local, en especial de las organizaciones de trabajadora/es organizada/os y de la economía popular, social
y solidaria. Democratización de las decisiones a partir de la
constitución de las mesas de gestión barriales como determina
la Ley de Acceso Justo al Hábitat.
4. Regulación del mercado de alquileres residenciales y solución
de la crítica situación de la/os deudora/es hipotecaria/os.
Promoción de acciones que protejan los derechos
de los inquilinos: contratos modelo, reducción de costos de intermediación, creación de un registro de alquileres, etc.
Puesta en marcha de un programa de alquiler social.
Sanción de una Ley de Readecuación Integral que contemple
la problemática de la/os deudora/es hipotecaria/os con
cláusulas UVA del Banco Provincia.
5. La política territorial como herramienta para garantizar
la seguridad y soberanía alimentaria.
Puesta en marcha de un programa de regularización
dominial para productores de la agricultura familiar.
Creación de áreas especiales protegidas y de incentivos que
promuevan la producción de alimentos a nivel local.
Priorización de los productores familiares en el arrendamiento
de tierra pública rural.
Cambios estructurales
Junto con estas medidas es necesario producir cambios
estructurales centrados en la capacidad estatal (provincial y
municipal) para intervenir activamente, con otros actores,
en la modificación de la cadena de factores relacionados con
la dinámica urbana y el mercado del suelo que
tradicionalmente generaron la exclusión de amplios
sectores medios y pobres. No se trata, solamente, de
promover la construcción de más unidades de viviendas
con la finalidad de reducir el crónico déficit existente porque
este se transformará en un creciente déficit urbano si no se
cambian las reglas de juego. Se trata de comprender que los
mecanismos de producción y reproducción de la ciudad son
procesos sociales complejos que, por ende, requieren de un
conjunto, también complejo, de herramientas que alteren
la lógica tradicional de construcción del hábitat. Entre las
acciones de corte estructural se destacan:
- Creación de un Ministerio de Hábitat que unifique la
- conducción de los diversos organismos provinciales con
- competencia en las políticas territoriales y ambientales y
- reforma del Instituto de Vivienda.
- Implementación de una reforma fiscal tributaria
- redistributiva que sea aliada tanto de una política de
- reactivación económica como de una política territorial
- inclusiva.
- Disminuir la carga tributaria regresiva de Ingresos
- Brutos a las pymes y aumentar el Impuesto Inmobiliario
- a los grandes tenedores de tierra y, particularmente,
- al suelo baldío especulativo.
- Incentivar a los municipios para que implementan
- instrumentos de cobro y distribución social de las
- valorizaciones inmobiliarias.
- Elaboración de una política estratégica de Estado en
- materia de hábitat, ambiente y desarrollo territorial en
- la Provincia de Buenos Aires y modificación estructural
- del marco normativo vigente desde la dictadura
- cívico militar.
- Creación de un programa de generación y manejo de
- suelo urbano.
- Regulación y control de la prestación de los servicios
- públicos y desdolarización de las tarifas.
- Creación de un programa provincial sostenible e inclusivo
- de créditos hipotecarios.
- Fortalecimiento de los gobiernos locales como
- responsables primarios de la planificación y la gestión
- territorial.
Los graves problemas territoriales y habitacionales que
presenta la Provincia no radican en la “falta de políticas
públicas” (como se ha difundido insistentemente) sino en
el orden elitista y excluyente de las mismas. Frente a la
posibilidad real de recuperar la política como instrumento
de transformación del territorio, las propuestas elaboradas
por el Colectivo, se inscriben en una concepción en la cual
los programas de hábitat, no pueden seguir sirviendo de
mecanismo asegurador de la renta especulativa del suelo
(como fue tradicionalmente) sino como una función pública
que tiene el deber prioritario de garantizar la defensa de
los derechos y los intereses colectivos.
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