LAS MUJERES BOLIVIANAS QUE PONEN CARA A LA POLITICA

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Gabriela Montaño apenas tiene tiempo. Cuando entra en la sala lo hace con paso decidido, da la mano firme y se sienta sin dudar delante de la cámara. Ha pospuesto la entrevista cuatro veces; la agenda de la presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia no es fácil. Pero una vez consigue encajarla, contesta todas las preguntas con tono pausado y sin mirar el reloj durante 40 minutos. Luego se despide y se va con el mismo paso firme a atender a la prensa nacional sobre la polémica del día. Es una de las caras visibles del partido del Gobierno y seguramente la mujer con más poder de Bolivia; solo tres hombres están por encima de ella.

Si Montaño es la mujer con más proyección en las filas del Gobierno, lo mismo se puede decir en la oposición de Soledad Chapetón, alcaldesa de la segunda ciudad más poblada de Bolivia. La Sole gobierna El Alto desde junio de 2015 y es, además, vicepresidenta del partido Unidad Nacional. En una mañana ha inaugurado el pavimento de una calle de uno de los distritos. A continuación, ha colaborado junto a un grupo de padres en el asfaltado de la cancha de un colegio en un barrio de la periferia que crece sin parar gracias a la afluencia de migrantes rurales del Altiplano. Asiste a los actos junto a una señora mayor que se mantiene lejos de los focos de las cámaras que siempre siguen a la alcaldesa: su madre. Hace unas semanas perdió a su padre y, sin dejar de trabajar, quiere estar junto a ella.

Como Montaño y Chapetón, cientos de mujeres se sientan en parlamentos regionales y estatales, dan discursos en mítines y promueven leyes en un país, Bolivia, que tiene desde 2014 el segundo Parlamento más paritario del mundo. Leonilda Zurita asiste a muchos eventos junto al presidente, Evo Morales. Aunque actualmente no tiene ningún cargo público, es una líder histórica de los sindicatos cocaleros. Igual que Silvia Lazarte, que ahora vive del cultivo de 50 hectáreas de soja con su familia en la región oriental del país y está retirada de la primera línea política, perohace 11 años fue elegida presidenta de la Asamblea Constituyente, uno de los procesos democráticos más importantes de la historia del país andino.

En Bolivia, las mujeres representan el 50,6% del conjunto de las dos cámaras legislativas nacionales, lo que supone una cifra muy superior a la de la mayoría de países europeos. Solo Islandia, Suecia y Finlandia alcanzan el 40% de mujeres en sus Parlamentos y la media europea está en un 27,5%, según recopila la Unión Interparlamentaria. En España, el 39,1% de los escaños del Congreso tienen nombre de mujer.

Para muchos en las filas del Gobierno boliviano garantizar la paridad política ha sido una iniciativa del presidente, pero lo cierto es que las bolivianas se sientan en sus escaños cada día gracias a una ley electoral que obliga a los partidos a presentar listas cremallera que alternen mujeres y hombres en todos los niveles territoriales, algo inédito en el mundo.

Jimena Costa, una diputada de la oposición, señala precedentes mucho más antiguos: recuerda que el sufragio femenino existe en Bolivia desde 1953 y que la reforma electoral de 2010, la que impone listas cremallera, venía reclamándose desde los años noventa. “La democracia se ha ampliado y es más inclusiva”, afirma Katia Uriona, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, el órgano que gestiona y supervisa los procesos electorales. Todas estas mujeres que han irrumpido en la vida política “rompen un espacio que había sido tradicionalmente masculino”, dice.

A menudo, se critica el sistema de cuotas argumentando que el incremento de los números no va acompañado de un cambio cualitativo. Pero quienes forman parte de este cambio responden sin dudar. “Esta presencia cuantitativa se transforma en una presencia cualitativa que modifica agendas, que logra imponer asuntos que interesan a las mujeres, que implican la transformación real de sus vidas”, explica Montaño, la presidenta de los diputados. Durante su gestión como presidenta del Senado —entre 2012 y 2014—, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley integral contra la violencia machista y la Ley contra el acoso y la violencia política, la primera del mundo de este tipo.

Pero las cuotas solo actúan en el ámbito legislativo y esta alta participación no se refleja tanto en el ejecutivo. A pesar de que Morales nombró un gabinete de ministros paritario en 2010, desde enero de este año apenas hay cuatro ministras en un Gobierno con 20 carteras. Y es una situación que se repite en otras instancias: no hay una sola gobernadora (presidenta autonómica) y existen, en los 339 municipios del país, solo 28 alcaldesas, un escaso 8% cuando hay un 51% de concejalas.

Varias expertas y políticas explican esta brecha alegando que es más difícil aplicar un sistema de cuotas en estos casos. “En los ámbitos ejecutivos hay la voluntad política, pero no hay normas tan taxativas en cuanto a paridad. En la mayoría de los casos estamos hablando de espacios unipersonales. ¿Cómo se hace paridad para la candidatura de una alcaldía que es una persona?”, se pregunta la presidenta de la Cámara de Diputados.

El activismo de las mujeres está tan arraigado que un millón de mujeres —alrededor de un tercio de las mayores de edad— están afiliadas al sindicato de mujeres más grande del país, la Bartolina Sisa, según sus propias cifras. “Antes, las mujeres ni siquiera iban a sufragar, ni siquiera tenían derecho a hacerse elegir. Ahora más bien nos eligen, nos mandan a ser autoridades”, cuenta Zurita, que fue máxima dirigente nacional de las Bartolinas.

Mucha gente señala que el hecho de que en Bolivia las mujeres estén tan implicadas en la vida política se debe al chacha-warmi, un término de la cosmovisión andina que se traduce en “hombre-mujer” y que se entiende como la complementariedad entre ambos en todos los aspectos de la vida privada y pública. Así que, por este sistema andino, si hay un líder en la comunidad, también debería haber una lideresa. Pero como muchas tradiciones, este término tiene una impronta patriarcal y feministas como la activista boliviana Julieta Paredes critican que en realidad el chacha-warmi es “un par machista de complementariedad, jerárquica y vertical; los hombres arriba y privilegiados y las mujeres abajo y subordinadas”. De hecho, muchas personas lamentan que a pesar de que exista esta paridad en algunas esferas políticas, la sociedad sigue siendo profundamente patriarcal y se conservan tasas de violencia y discriminación hacia las mujeres abrumadoras. Solo en 2016, la Fiscalía boliviana contabilizó 104 feminicidios.

Si se ha conseguido cambiar agendas, como dice Gabriela Montaño, la contrapartida más brutal de la incorporación de la mujer es la violencia y el acoso político. En 2012, una concejala de un pequeño municipio cercano a La Paz fue asesinada tras meses de sufrir acoso y violencia, durante los cuales incluso le echaron cemento en los ojos. Tras este caso, Bolivia aprobó una ley pionera para tipificar y regular este tipo de violencia, la que se ejerce a una mujer electa o designada en un cargo público. Pero no se ha conseguido acabar con esta lacra, que sufren de una forma más brutal las concejalas y alcaldesas de municipios rurales. Las diputadas tampoco se libran. Costa cuenta que han llegado a amenazarle con la seguridad de sus hijos si no abandonaba una de las comisiones políticas que integraba y da nombres y apellidos de sus acosadores, que se encuentran en las filas de su propio partido.

“Cuando preguntamos si sufren acoso y violencia política, todas (las concejalas) levantan la mano porque en algún momento sí han sufrido acoso y violencia política”, cuenta la abogada de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Sandra Silva. Esta asociación, que actualmente es una de las más activas en la protección de las políticas, recibió 49 denuncias que involucraban a 65 víctimas en 2016 por estos motivos. Hasta septiembre de este año recibieron otras 40 denuncias con un total de 49 víctimas de acoso político. Las acosan y denuncian para que abandonen la política y dejen su sitio a su sustituto, que siempre es un hombre, o para que no aprueben una ley, o les ocultan información para que no acudan a las reuniones o los plenos, o incluso les tapian la entrada a la alcaldía como le ocurrió a Bertha Quispe, la alcaldesa de Collana, un municipio del Altiplano.

Que haya más diputadas que diputados en el que sigue siendo en las estadísticas el país más pobre de América del Sur es, sin duda, un logro, pero no se puede tapar todas las sombras que deja esta paridad política. Queda mucho por hacer, y eso lo saben bien las mujeres que dan la cara día a día desde sus puestos políticos. Son conscientes de que es un reto que tienen por delante ellas, que ejercen los cargos actualmente, pero también toda una generación que está por venir y que tiene que conseguir tapar todos los agujeros que aún quedan y romper esos techos que más que de cristal parecen de hormigón armado y que mujeres como Gabriela Montaño o Soledad Chapetón aún no consiguieron derribar, a pesar de haber avanzado tanto. El País de España (www.elpais.com)