jueves, 29 de enero de 2015

MARCELO TORRES, DIPUTADO PROVINCIAL, PRESIDENTE DE LA COMISION DE SEGURIDAD DEL PARLAMENTO BONAERENSE

DE MEDIDAS CONSECUENTES Y CRÍTICAS OPORTUNISTAS
Atentos a la historia, sólo basta mencionar las continuas interrupciones a la democracia del siglo precedente, para afirmar la imperiosa necesidad de un control democrático de los organismos de seguridad; a tal fin, se inscribe el proyecto de ley propuesto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para la institución de la Agencia Federal de Inteligencia, en continuidad con la creación del Ministerio de Seguridad en el año 2010. Estas dos decisiones, que no dudamos en calificar como históricas, están en línea con el reclamo de la mayor parte de la clase política desde el año 1983; también, como es uso y costumbre en la oposición, su negativa a participar por considerarla extempóranea.
Nuestro país es parte de una región donde las cuestiones de la seguridad interior están en permanentemente tensión y debate: en ejemplo, el arco va desde la Ley de Residencia del primer centenario, hasta el Plan Conintes de Frondizi; de la doctrina de seguridad nacional de la dictadura, a los conflictos de baja intensidad y las democracias restringidas fogoneadas por Washington. Hoy en día la tensión continúa en la videovigilancia, en el rol de las fuerzas policiales (verbigracia, el fallido golpe a Correa, los levantamientos policiales en Bolivia, en Brasil, y en las provincias argentinas), en la seguridad líquida. En ese marco se inscribe la reforma de los servicios de inteligencia y la desintegración de la ex SIDE, alter ego de sistemáticas, potenciales y simbólicas conspiraciones.
Las más graves violaciones a los derechos humanos estuvieron vinculadas a sistemas de vigilancia y control, a estados cooptados por las elites económicas que, en formato de dictaduras cívico-militares, utilizaron el espionaje sobre sectores del pueblo, y especialmente sobre el cuerpo de los militantes gremiales, estudiantiles y de organizaciones políticas y sociales. Algunos dicen, sin embargo, que es tarde, que 31 años después, recién “nos acordamos”. Si hubiéramos utilizado ese mismo razonamiento a la hora de plantear, a más de 20 años de su aplicación, la derogación de leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los Indultos, nunca hubiéramos llegado a los 145 juicios, mucho menos a los 559 represores condenados.
Aquí hay un programa explícito que se basa en la férrea decisión de tener una política de estado que evite la violencia institucional, y donde todos los sectores construyan seguridad sin vulnerar derechos y resuelvan sus conflictos por vías pacíficas. En esa construcción de un Estado profundamente democrático se inscribe la nueva integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cambio de paradigma por medio del Pacto de Seguridad Ciudadana, la conducción civil de las fuerzas federales de seguridad, el desarme de la represión en las manifestaciones sociales.
Responde a la ideología del Gobierno Nacional que nuestra Presidenta entienda la inteligencia interior como una actividad vinculada a la protección del orden constitucional, y por tanto enmarcada, más que cualquier otra, en la Constitución Nacional, en los tratados de derechos humanos suscriptos y en toda otra norma que establezca derechos y garantías.
La creación de la Agencia Federal de Inteligencia, no es un hecho improvisado; es producto de la convicción política consecuente. Es parte de un proyecto político que considera que la consolidación de la democracia sólo puede alcanzarse a través del ejercicio de la política, y éste es el valor superior.
Las sociedades democráticas requieren de servicios de inteligencia profesionales, entrenados y capacitados, con el suficiente acceso a recursos en pos de la defensa nacional. Sin embargo, en estas sociedades es imprescindible a la vez férreos controles por parte de sus órganos políticos, para que el secreto que usualmente cubre a las actividades de inteligencia no se conviertan en una excusa para abusos y violaciones de los derechos.
Insistimos, a los fenómenos de inseguridad mundial como el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, les respondemos con esta clara visión de nuestro proyecto político y la historia de nuestro pueblo que dejó tantas vidas en este aprendizaje, sosteniendo que es imprescindible la construcción de más derechos, porque con más derechos hay más seguridad; y con más derechos y seguridad hay más democracia.

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