La reforma previsional, el sistema de seguridad social como
variable de ajuste y el desfinanciamiento de la Anses
de REP
Las jubilaciones subirán cada tres meses por el IPC-Indec y sólo en el segundo
trimestre de cada año incrementadas con un insignificante 5 por ciento de la
variación porcentual real del PIB. La reforma también instala la suba de la
edad de la jubilación, para hombres y mujeres, en los 70 años.
El proyecto de ley de reforma previsional que ingresó al Congreso por la
Cámara de Senadores el viernes a la noche dispone que las jubilaciones
y otras prestaciones de la seguridad social suban cada tres meses por el
índice de precios al consumidor y sólo en el segundo trimestre de cada
año serán incrementadas con apenas el 5 por ciento de la variación
porcentual real del PIB. Es un alza insignificante para presentarla en
forma exagerada que las jubilaciones subirán por “encima de la evolución
de la inflación”, como se menciona en el pacto firmado por la Nación y
los gobernadores menos el de San Luis. Es una fórmula que perjudica
claramente a los jubilados y a los titulares de asignaciones familiares y
AUH en relación a la indexación vigente. La iniciativa oficial además
ignora explícitamente que está corriendo el período de ajuste de la
actual fórmula, a cobrar en marzo próximo. La intención es aplicar la
nueva con rezago de seis meses, que arrojaría un alza de apenas un
poquito más del 5,0 por ciento (IPC Indec de julio, agosto y septiembre)
cuando el ajuste debería ser de no menos del 12 por ciento (evolución
del salario y la recaudación de julio a diciembre). La reforma también
instala la suba de la edad de jubilación, para hombres y mujeres, en los
70 años (ver nota aparte). Estos cambios del sistema previsional colocan
a los jubilados y los beneficiarios del sistema de seguridad social, un total
de 17 millones de personas, como la principal variable de ajuste de la
deliberada política de desfinanciamiento de la Anses desplegada por el
gobierno desde diciembre de 2015 y que se acelerará con la reforma
tributaria y la reducción de las contribuciones patronales.
Economistas M
El cambio de clima político está naturalizando medidas que deterioran la
calidad de vida de los jubilados, desde la reducción de la cobertura del
PAMI hasta el recorte de los ingresos mensuales. Hasta hace poco postular
la reducción de jubilaciones hubiera provocado un rechazo mayoritario.
Ahora lo están vociferando economistas no estigmatizados con la letra M.
No se inhiben en decir que la clave del pacto con los gobernadores y la
reforma impositiva es reducir el haber previsional. Carlos Melconian afirmó,
en un seminario organizado por la Unión Comercial e Industrial de
Mendoza, que “de todas las medidas propuestas, la reforma previsional
es la más importante; si no sale eso, lo demás no sirve y yo creo que va
a salir”. Miguel Angel Broda también señaló, en la reunión anual de la
Asociación Argentina de Economía Política, en Bariloche, que “lo más
importante es que salga la ley de cambio de la fórmula de movilidad.
En vez de 10,5 por ciento sobre PIB de jubilaciones, tendríamos
2,5 puntos menos y el déficit primario de 4,0 bajaría a 1,5 por ciento”.
La evaluación oficial para decidir el asalto a la caja de la Anses esta basada
en el convencimiento de que el monto de las jubilaciones es elevado y que
muchos no merecen recibir ese dinero porque ingresaron al sistema
previsional a través de una moratoria. Casi todos los gobernadores
acompañaron esa definición en el pacto fiscal rubricado con la presencia
del presidente Mauricio Macri.
Es tan brutal poner a los jubilados como principal variable de ajuste que
el secretario de Hacienda con cargo de ministro, Nicolás Dujovne, salió
a confundir falseando el impacto de la actual movilidad jubilatoria. Afirmó
sin ruborizarse que es una fórmula que no les conviene a los jubilados
porque es “procíclica” y en situaciones de crisis pierden en relación
a la inflación.
En esa definición aparecen dos cuestiones que deberían incomodar
a Dujovne:
1. Macri asegura que la economía argentina tiene un horizonte de 20
años de crecimiento y, por lo tanto, la actual indexación, acompañando
ese eventual ciclo positivo, sería más favorable para los jubilados que
el ajuste por inflación y “un poco más” insignificante.
2. Desde el 2009, cuando comenzó a aplicarse la fórmula vigente, las
jubilaciones subieron 950 por ciento hasta septiembre pasado, mientras
que en ese mismo período la inflación fue de 692 por ciento, tomando
indicadores de consultoras, el promedio de los institutos provinciales
y desde 2016 el IPC-CABA e IPC-Indec.
El predominio discursivo del oficialismo con su inmensa red de propaganda
pública y privada exhibió, al otro día de la capitulación de los gobernadores,
titulares que aseguraban que las jubilaciones subirán por encima de la
inflación. La fórmula que se conoció con el proyecto de ley rebela el
sentido del humor amarillo: si el PIB sube 3,0 por ciento, el único adicional
en el año será 0,15 por ciento a la inflación del segundo trimestre. No es
necesario hacer muchos malabarismos con las cifras para revelar que,
si la Anses contabilizará un “ahorro” previsional, los jubilados y los titulares
de asignaciones (familiares y AUH) recibirán un aumento bastante más
bajo con el cambio de la fórmula de actualización. En marzo de 2018,
menos que la mitad.
Guadaña
Para hacer frente a los crecientes desequilibrios de las cuenta públicas
provocados por la política económica, el gobierno ha decidido asaltar la
caja de los jubilados y la seguridad social. La Anses perderá recursos,
como mínimo, por 68 mil millones de pesos el año próximo, hasta un máximo
de 220 mil millones de pesos por los cambios impositivos. Es la estimación
realizada por los economistas del Instituto de Trabajo y Economía. Este
monto inmenso no es todo. El desfinanciamiento de la Anses será más
pronunciado. El nuevo esquema de contribuciones patronales restará
recursos adicionales por unos 43 mil millones de pesos el año próximo,
hasta 200 mil millones de pesos al final del cronograma previsto en el
2022. Es el cálculo del Centro de Economía Política Argentina.
Estos dos guadañazos a las cuentas de la Anses se suman al que el
gobierno previamente había realizado con la devolución del 15 por ciento
a las provincias (cinco cuotas de 3 por ciento por año) por la retención de
la masa coparticipable con destino a financiar las jubilaciones y el sistema
de seguridad social. Medida que fue impulsada por un fallo de la Corte
Suprema de Justicia en las últimas semanas del gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner. Para compensar parte de esa pérdida de fondos de
la Anses a favor de empresas y de las finanzas de la Provincia de Buenos
Aires, el gobierno modificará la fórmula de actualización de las jubilaciones
y asignaciones familiares (incluida la AUH) para “ahorrar” unos 100 mil
millones de pesos.
El esquema básico de redistribución regresiva de recursos públicos que
define la reforma tributaria y la previsional es el siguiente:
- Las grandes empresas pagarán menos de cargas patronales, no así
- las pymes que deberán contabilizar una leve alza de dos puntos,
- al unificar la alícuota en el 19,5 por ciento.
- A las provincias les prometen más recursos y fueron presionadas a
- bajar impuestos pro empresas (Ingresos Brutos y Sellos) y a despedir
- empleados públicos, además de reducirles el salario en términos reales.
- Pero la única realmente beneficiada con más fondos será Buenos Aires.
- Los jubilados empezarán a recibir un aumento menor respecto al que
- surgiría de la actual fórmula de movilidad.
- Las asignaciones familiares para los trabajadores en relación de
- dependencia y la Asignación Universal por Hijo también tendrán
- una indexación menor.
Este reordenamiento de fondos públicos tiene como saldo el desfinancia
miento de la caja de la seguridad social. Es la preparación del escenario
para justificar una privatización parcial del régimen de jubilaciones.
Desfinanciar
En un artículo que publiqué el 26 de noviembre de 2015 (“El puntapie
inicial”) advertí acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia que
iniciaba el sendero para desfinanciar a la Anses, camino que el gobierno
de Macri continúa con entusiasmo. Esa sentencia prohibió al Estado
Nacional continuar con la deducción del 15 por ciento de la masa
coparticipable entre las provincias con destino a la Anses. De ese modo,
la caja de la seguridad social perdió unos 13 mil millones de pesos anuales
por la no retención del 15 por ciento de los impuestos coparticipables a
partir del fallo que benefició a Córdoba, Santa Fe y San Luis. Para el resto
de las provincias, el gobierno dispuso la restitución del 3 por ciento de la
coparticipación por año, primera cuota anual de un total de 15 por ciento,
que suma otros 12.400 millones de pesos.
Ahora la Anses debe restar 130 mil millones anuales por la resignación del
20 por ciento de Ganancias (que pasa a financiar el acuerdo del gobierno
con las provincias) y otros 40 mil millones anuales por la reducción de las
contribuciones patronales. El gobierno asegura que la Anses será
“resarcida” con la recepción del ciento por ciento del Impuesto al Cheque
(contra el 70 por ciento en la actualidad). Eso significa un ingreso extra de
casi 60 mil millones de pesos. Pero es poco probable que reciba ese dinero,
puesto que la reforma tributaria propone que los contribuyentes podrán
aplicar el ciento por ciento del pago del Impuesto al Cheque como anticipo
de Ganancias.
El gobierno impulsa de ese modo que los jubilados y titulares de AUH y
asignaciones familiares financien las cuentas provinciales, privilegiando a
Buenos Aires, y las de las empresas.
Cuentas
Economistas y analistas preocupados por el creciente déficit de las
cuentas públicas no mencionan que el desequilibrio heredado y manejable
fue ampliado por la eliminación de retenciones, disminución de impuestos
a sectores concentrados y por el inmenso aumento de la carga de intereses
de la deuda. Sólo la disminución de subsidios a servicios públicos con una
sucesión de tarifazos que no se detiene (gas, luz, agua y transporte), que
castiga el ingreso disponible de la mayoría de la población, compensa un
poco el sendero explosivo del déficit fiscal. Esas medidas significaron una
inmensa transferencia regresiva del ingreso. Para abordar el desequilibrio
provocado por esas medidas el gobierno avanza en profundizar la
regresividad, asaltando el ingreso de los jubilados y titulares de derechos
económicos y sociales, como la AUH.
El déficit fiscal de la Nación aumentará con la reforma tributaria y el acuerdo
con las provincias, estimó la consultora Economía & Regiones, precisando
que sólo Buenos Aires “es la gran y única ganadora de ese combo”. Con un
evidente sesgo político-electoral con vista a las elecciones presidenciales
del 2019, la gobernadora María Eugenia Vidal recibirá recursos adicionales
por 40.959 millones de pesos en 2018, monto que subirá a 65.000 millones
en el próximo. El resto de los gobernadores que rubricaron el acuerdo
seguirán con cuentas asfixiadas. Además el gobierno les hizo firmar el
“Consenso Fiscal” con un capítulo de reforma previsional de carácter
regresivo, que el proyecto de ley ratifica subiendo a 70 años la posibilidad
de jubilarse, con un engañoso 82 por ciento móvil sobre el salario mínimo
-porcentaje que ya se alcanzó- y diseñando una fórmula de movilidad
atada a la inflación con una irrisoria alza adicional en un solo
trimestre del año.
Ajuste
Los economistas del Instituto de Trabajo y Economía hicieron una oportuna
observación respecto a la obsesión de los gobiernos neoliberales con el
ajuste fiscal. Señalan que los conservadores piensan la política fiscal como
el resultado del comportamiento de políticos que quieren perpetuarse en el
poder y, para ello, hacen cualquier cosa para lograrlo. Esto se traduce en
aumentar el gasto público y, por lo tanto, el déficit fiscal y también en
incrementar el tamaño del Estado. Ante esa situación, los gobiernos
conservadores proponen establecer reglas fiscales que disciplinen a esos
políticos. Esto es lo que postula el gobierno de Cambiemos con el argumento
de que así se envían señales al mercado para atraer inversiones y para
garantizar que el mundo de las finanzas continúe prestando. Los investigadores
del ITE indican que, bajo esa premisa, la administración Macri propuso un
esquema de metas fiscales que apuntan a una reducción paulatina del
déficit primario hasta llegar al 2,2 por ciento del PIB en 2019. “Un aspecto a
destacar de este programa de metas es que, al no incorporar en su proyección
el resultado financiero, barre bajo la alfombra la carga de los intereses
de la deuda pública”, apuntan.
La preocupación acerca de la magnitud del déficit, en realidad es la excusa
para redistribuir ingresos en forma regresiva, mejorando el cuadro de costos
de las empresas afectando la caja de los jubilados y de la seguridad social.
El desfinanciamiento de la Anses enciende una mecha que termina en las
cuentas públicas. El endeudamiento interno y externo desaforado va
alargando ese cordón encendido pero existen antecedentes recientes
que indican que no se puede estirarlo en forma indefinida.
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