Hace meses que el abogado de los Macri insiste
 con plantear la falta de legitimidad de la fiscala
Boquin para intervenir en la causa. En diversos
escritos que constan en el expediente, los Macri
acusan a Boquin de tener “un objetivo mediático
y político” y llevar adelante una “aventura procesal”.
 En el recurso extraordinario a la Corte insisten con
 que la fiscala Boquin “no es parte de este proceso,
por lo tanto no tiene derecho a ofrecer prueba, ni a
 solicitar informes, que nada tienen que ver con el
proceso”. La negrita y subrayado constan en el original.
El planteo no es nuevo. “Es innegable que la Fiscalía
 General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, carece de legitimación procesal para
 solicitar la prueba pericial contable que solicita”,
escribió el abogado de los Macri el 23 de agosto
 del año pasado. El mismo día, sin embargo, la
 jueza Marta Cirulli contestó que “la legitimación del
Ministerio Público para peticionar esas medidas
ha sido estimada implícitamente por el Superior”.
Es decir que la Cámara Comercial ya zanjó esta
 cuestión sobre la que insisten los Macri y resolvió
que la fiscala Boquin tiene toda la legitimidad
necesaria para actuar en el expediente. Lo recordó
Cirulli, que está imputada penalmente como pieza del vaciamiento de Correo Argentino pero se niega a
excusarse en en el expediente del fuero comercial.
Los Macri insistieron con este asunto, pero el 6 de
diciembre pasado las camaristas María Lilia Gómez
 Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini reiteraron:
“La Sra Fiscal posee legitimación para requerir las
medidas que considere necesarias a efectos de
obtener los antecedentes necesarios que permitan
 decidir las cuestiones pendientes en el principal de
este concurso”. O sea: las camaristas, que hace
 más de 15 años operan en beneficio del clan Macri
en esta causa, reiteraron que Boquin puede intervenir
y pedir los peritajes.
No fue suficiente. Ahora los Macri quieren que
intervenga la Corte.
“La Fiscalía de Cámara ha adquirido un protagonismo
tal, que excede a todas luces sus facultades,
 entorpeciendo el procedimiento, con peticiones
 carentes de todo asidero fáctico y jurídico”, porfían
 en el recurso que pretenden que resuelvan los
 Supremos. Ya cuenta con la negativa de la jueza
 Cirulli y las camaristas Gomez Alonso de Díaz
Cordero y Ballerini, pese a que las tres han sido
clave en el devenir de esta causa cuyo único
 beneficiario fue el clan Macri. En este punto, sin
embargo, la familia presidencial no contó con su
docilidad y va por el favor de la Corte.

Los peritajes
El 7 de agosto de 2017 Boquin solicitó una serie
de peritajes sobre las maniobras de vaciamiento
de Correo Argentino. Hasta ahora, los Macri
 lograron desvirtuarlos y quieren desactivarlos.
 La jueza Cirulli aceptó realizarlos pero, en lugar de
 que estén a cargo de un perito contador sorteado
(como había pedido la fiscala Boquin) puso al frente
 a las sindicaturas vinculadas a los Macri y que
 acompañaron la posición de Correo Argentino de
que no se precisan los peritajes. En su último
 dictamen, Boquin volvió a insistir en que se haga
 cargo un perito ajeno a la causa. Lo bochornoso de
 la situación es que la jueza Cirulli, las sindicaturas
y los directivos de Correo Argentino están imputados
junto a Macri, Oscar Aguad y Juan Manuel Mocoroa
en la causa penal que tramita en el juzgado de
 Ariel Lijo. La imputación a la jueza, las sindicaturas
y los directivos es justamente por las maniobras de
vaciamiento. Son jueces y parte. Más aún, parte
imputada por lo que deben juzgar. El letargo de esa
causa penal encuentra alguna explicación en las
 tensiones entre el juez Lijo y el Gobierno.
Desde la Sala B de la Cámara Comercial, las juezas
defina la Corte. Lo remitieron a los síndicos del
 concurso, que sistemáticamente se alinearon con los
 intereses de la familia presidencial. Por ejemplo,
 Asociados. Lo patrocinan los abogados Julio César
 Rivera y Beltrán Louge, socios del estudio Rivera &
Asociados. Rivera fue propuesto por Macri como
 conjuez de la Corte Suprema. No es raro, ya que
es abogado de confianza de la famiglia desde hace
muchos años. Rivera y Louge fueron apoderados de
 empresas de los Macri y abogados del ahora
 presidente en su divorcio de Isabel Menditeguy. 
Louge también trabajó para IECSA, por entonces
 controlada por el primo presidencial Ángelo Calcaterra
El derrotero de este recurso extraordinario pasará 
entonces por las sindicaturas y una vez que éstas
opinen será el turno de la fiscala Boquin. Luego, las
 camaristas Gomez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini resolverán si le dan curso y la cuestión queda en manos
de la Corte Suprema.