Agencia Paco urondo
A las 4 de la mañana, las topadoras ingresaron al predio ubicado en el barrio Abasto. Desalojaron a 350 familias.
Por Rocío Cereijo
Eran las cuatro de la mañana cuando las topadoras comenzaron a ingresar al predio de 50 hectáreas en la Localidad platense de Abasto. La mayoría de los 1300 vecinos dormían, aunque otros estaban atentos ante las amenazas del del día anterior. El juez en lo Contencioso Administrativo Luis Federico Arias había interpuesto una medida precautelar a la decisión del Juzgado de Garantías n° 3 de La Plata que ordenaba desalojar el lugar. Sin embargo, la Policía Bonaerense desacató la orden de Arias y llevo adelante una de las golpizas más violentas en la historia de la capital provinciana.
En 1988 la empresa Texlan había adquirido esos terrenos, que se extienden entre la avenida 520 hasta 530 y las calles 212 a 217; pero en 2001 quebró. Las tierras tendrían que haber pasado a manos del Estado, teniendo en cuenta que la Dirección de la Provincia de Buenos Aires de Rentas y la AFIP eran los principales acreedores. Sin embargo, el lugar que ocupaban las 350 familias era reclamado por la inmobiliaria Mattioli, quien supuestamente se hizo cargo del pago de las deudas. Su titular había denunciado penalmente a once personas por usurpación; la Defensoría Oficial Nº 10 negó que el caso configurara ese delito.
Para las siete de la mañana prácticamente todo el lugar se había reducido a restos de las casillas; también se respiraba el humo de las cenizas del fuego iniciado por las fuerzas de “seguridad” y restos del gas lacrimógeno con el que habían atacado a sus conciudadanos. El cordón de los uniformados, de distintas dependencias policiales de la ciudad, se extendía a lo largo y ancho de todo el predio y, también, frente a la Comisaría Séptima. Entre los receptores de empujones estuvo el propio juez Arias, acompañado de los concejales Florencia Saintout, Guillermo Cara y Ludmila Kostiuk y los senadores provinciales Gustavo Di Marzio y Emilio López Muntaner. Quienes brillaron por su ausencia fueron los municipales Brueristas.
—No podemos entrar sin la policía, porque es una situación de conflicto.
La paradoja de la frase expresada por los trabajadores de la salud era acorde al escenario de la mañana. Las ambulancias detenidas en la esquina 520 y 212 podían ingresar a atender a las víctimas sólo si los victimarios las acompañaban. Mientras tanto, los cartuchos vacíos eran exhibidos por la gente del lugar, en la mayoría de los casos, con las heridas de los impactos. Balas de goma y gases fueron las armas predilectas de la bonaerense.
A pesar de los reclamos, los funcionarios públicos recién pudieron ingresar a la dependencia policial pasado el mediodía para ver en qué situación se encontraban los aprehendidos y conocer sus identidades. Para ese entonces, tres víctimas todavía estaban desaparecidas. Finalmente, fueron trasladados para brindar declaración ante la titular de la Fiscalía n° 1, Ana Molina, al Departamento Judicial de avenida 7 entre las calles 56 y 57.
—Mujeres embarazadas con los chicos me contaron que los despertaron a las patadas y a los balazos.
Griselda Fernández fue la primera de los trece detenidos en salir en libertad. La patada en el tobillo todavía le dolía pasadas las nueve de la noche, pero su indignación creció al pensar en los niños que estaban en sus hogares al momento en que la Policía arremetió contra los habitantes de Abasto. Trabaja en la Secretaría de Niñez y Adolescencia y se lo dijo a los oficiales que se le reían en la cara; entre los aprehendidos también estaba un abogado defensor “embarrado y golpeado”, según recuerda la única detenida mujer.
Fernández dijo que durante su traslado escuchó que algunas personas iban a ser llevadas a Berisso y Ensenada, jurisdicción completamente alejadas del lugar del hecho, que, además, con municipios propios. Contó, también, que les abrieron una causa conjunta por resistencia a la autoridad y agresión en donde incorporaron fotos de machetes, fierros y cuchillos, acusándolos de usarlos contra la bonaerense; pero sin detallar a cuál o cuáles de los 13 aprehendidos, teóricamente, correspondían.
La Policía reprimió, una vez más, al servicio de los intereses de la renta y los negocios. Esta vez, superándose a sí misma. El comisario a cargo del operativo se negó a mostrarle la orden de desalojo al juez Arias, olvidando su carácter de auxiliar de la justicia. Pero si recibieron amablemente a los representantes legales de la inmobiliaria Mattioli y no desconocieron a la otra Justicia: esa que justificó el accionar represivo en contra de las necesidades de las mayorías
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