“La designación de los jueces de la corte por decreto atrasa a períodos no republicanos”
María Laura Garrigós de Rébori, titular de Justicia Legítima, se refirió a la designación del presidente Mauricio Macri, en comisión por un año de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema de la Nación de la Nación.
“Nunca pensamos que se iba a sortear los mecanismos constitucionales que nos atrasan a períodos no republicanos. Dictar estos decretos es propio de períodos no republicanos”, explicó. Si bien desde Presidencia se informó que Macri se amparó en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que sostiene que una de las atribuciones del Jefe de Estado es la de “llenar vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”. Garrigós de Rébori aseguró que dicho artículo 19 “no se refiere a empleos que necesiten la aprobación del Senado. Podría llegar a utilizarse en épocas de guerras”.
Asimismo, destacó que actualmente “existen mecanismos para que la Corte funcione con tres miembros hasta que sesione el Congreso en Marzo del 2016. Retiraron los pliegos que habían hecho todo el proceso no sólo de los candidatos a la Corte sino de todos los jueces y fiscales”.
Carlos Fernando Rosenkrantz es abogado, con el título otorgado en la UBA en 1983 y tiene un magister y un doctorado en Derecho, ambos títulos de la Universidad de Yale; y fue profesor en la New York University; en la Richmond School of Law y en la Denver University (todas estadounidenses); en la Universitat Pompeu Fabra, España; y también en la UBA.
Por su parte, Horacio Rosatti nació en Santa Fe y se recibió de abogado y posteriormente de escribano en la Universidad Nacional del Litoral; misma casa de estudios que le otorgó el título de Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Desarrolló la función pública como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y entre 2004 y 2005 fue Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y años antes había sido Procurador General del Tesoro de la Nación.
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