CATEDRA ABIERTA PLAN FENIX

LA COYUNTURA Y EL FUTURO DE LA ARGENTINA ➢

 Introducción.
En el presente documento, la Cátedra Abierta “Plan Fénix” ofrece una interpretación del proceso socioeconómico del país durante el último cuarto de siglo, examina algunos dilemas planteados por la coyuntura actual y sugiere acciones que deberían integrar, a su juicio, la futura agenda de políticas prioritarias para consolidar un proyecto nacional soberano.
 ➢ La agenda permanente del Estado
 A lo largo de casi una década y media de existencia, el “Plan Fénix” cree haber sido consecuente en el planteo de un modelo de sociedad que impulse un proceso de desarrollo con equidad en el que el Estado juegue un rol fundamental en la dirección general de la economía, el impulso a la producción, la regulación de los mercados, el fortalecimiento de la democracia, la promoción de los derechos sociales, la apertura hacia un mayor protagonismo ciudadano y el logro de una distribución del producto social más equitativa. Este modelo de sociedad podría caracterizarse como una sociedad democrática y equitativa, orientada hacia un desarrollo humano más inclusivo y sustentado en una soberanía política plena y un control autónomo de sus recursos y actividades productivas, científicas y culturales. Las ciencias sociales han reflexionado largamente acerca de si capitalismo y democracia pueden compatibilizarse en el contexto de economías periféricas en las que el Estado asume un papel clave en el proceso económico, amparando y haciendo florecer sectores capitalistas a través de esquemas que implican 2 importantes transferencias de ingresos y riqueza. También han puesto en discusión si la democracia podría ser compatible con la equidad social, asegurando la vigencia de mecanismos de representación, participación ciudadana y más genéricamente, gobernabilidad, que permitan canalizar y satisfacer demandas por una distribución más justa del producto social. Asimismo, han puesto en duda que un proceso capitalista fundado en la progresividad, equidad distributiva y mayor inclusión social, pueda tener lugar bajo condiciones de ajuste estructural extremo, apertura irrestricta, endeudamiento externo crónico y debilitamiento del Estado. En el trasfondo de esta ecuación, lo que se plantea es la congruencia de cuestiones que, históricamente, no solo han dado contenido básico a la agenda social y estatal, sino que, en su mutuo despliegue, han generado una tensión permanente en el modelo de organización de nuestras sociedades. Nos referimos a las cuestiones de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Como modo de organización social, las sociedades mercantiles presuponen la vigencia de reglas y condiciones que viabilicen su funcionamiento eficiente e impidan su eventual desestabilización. Las primeras se relacionan con la creación de un ordenamiento que, inscripto en múltiples facetas de la interacción social, generen un contexto propicio para la expansión de la actividad económica y la acumulación propias de una economía dinámica. Las segundas se vinculan con la adopción de políticas y la puesta en marcha de mecanismos de contralor y regulación orientados a paliar los costos sociales que se originan porque, librados a su propia dinámica, los mercados agravan las condiciones de precarización y vulnerabilidad de extensos sectores pauperizados y generan no solo situaciones de inequidad, sino también potenciales focos de violencia y explosión social que conspiran contra un ordenamiento social deseable. Por eso, el papel del Estado abarca todos esos planos, ya que no existe progreso económico duradero sin gobernabilidad, ni es aceptable una gobernabilidad sustentable sin equidad social.
 3 ➢ Dos modelos en pugna
En el año 2001 publicamos nuestro primer documento señalando la cercanía de una crisis que se produciría en el país a raíz de la aplicación de un modelo que, inexorablemente, nos llevaría al desastre económico, político y social como finalmente ocurrió. En ese entonces, escribimos: “Es preciso desterrar las ilusiones del pensamiento, que sólo argumenta a partir de un futuro que nunca llega mientras que el presente muestra una trágica realidad. Es imprescindible realizar un diagnóstico preciso de la naturaleza de la crisis para apoyar, sobre esta base, su tratamiento y una política que permita reanudar el crecimiento, recuperar capacidad de decisión y erradicar los males sociales que nos agobian. […] No existen paliativos desde el frente de la política social para semejantes calamidades, debido a dos motivos: la creciente escasez de recursos y el hecho de que el sistema se ha convertido en una infatigable fábrica de pobres, desempleados y excluidos.” Lamentablemente, nuestras predicciones se cumplieron y en diciembre de 2001, el país estalló. La enorme devaluación producida al año siguiente imposibilitó aún más el pago de la deuda pública, que llegó a representar el 166% del PBI, además de crecer la inequidad y el desempleo. Bajo tales circunstancias, se ahondó la crítica situación del sistema productivo y colapsó el orden jurídico, en tanto la situación social alcanzaba su máximo nivel de deterioro histórico. En términos institucionales, el país quedó al borde de la desintegración. Nuestra posición de entonces constituyó una clara embestida contra el modelo neoliberal instalado en la Argentina que culminó en la década del 90, inspirado en el Consenso de Washington. El país, más que ningún otro, había adoptado este modelo sin cortapisas, al punto de convertirse en el discípulo dilecto de los 4 organismos multilaterales de crédito que difundían la fe en la “mano invisible” del mercado. Según una versión caricaturizada de sus postulados, la maximización del interés individual maximizaría el bienestar colectivo. La sociedad y la economía requerían un ajuste, luego del cual sobrevendría la “revolución productiva” cuyo derrame produciría una mejor distribución del ingreso. A pesar del generalizado fracaso y descrédito del neoliberalismo, los riesgos actuales de su retorno, sea con su anquilosado discurso o camuflado bajo una renovada prosa, siguen presentes, por lo que este documento reafirma los principios que planteamos en aquella coyuntura y sienta las bases de un proyecto de país diferente. Las políticas predominantes en los 90 en la Argentina, provocaron una profunda desintegración productiva, social y regional de la estructura económica nacional, reeditando orientaciones de la última dictadura. De este modo, se promovió el ensamblaje de productos sobre la base de insumos y partes importadas y, a la vez, la desintegración del entramado industrial tuvo como contrapartida un incremento significativo de los niveles de concentración y extranjerización.
 ➢ Alcances de la recuperación poscrisis
Luego de la crisis generada por el fracaso del neoliberalismo, comenzó a perfilarse un nuevo proyecto político, económico y social que comenzó a establecer las bases para una necesaria transformación. Se inició entonces un proceso que priorizaba la inclusión social y la ampliación de ciudadanía, confiando en que existían posibilidades y capacidades para generar una estructura productiva compleja y diversificada, incorporar valor en la explotación de los recursos naturales, integrar el territorio nacional a través del pleno desarrollo de sus regiones y su incorporación al mundo afirmando el derecho del país a decidir su 5 propio destino. Se reconoció el papel decisivo de la ciencia y la tecnología en el proceso de transformación, y se intentó aprovechar la disponibilidad de los enormes recursos materiales del país y la capacidad de gestión disponible para emprender una gran empresa de desarrollo nacional. Este ambicioso programa se cumplió a medias, ante la ausencia de una estrategia de desarrollo productivo clara para alcanzar y sostener sus metas. La mejora en el sector externo, inicialmente derivada de la suspensión de pagos de la deuda externa y de la inmediata contracción de las importaciones tras la devaluación, se consolidó posteriormente a raíz de la reducción del endeudamiento tras una exitosa renegociación, de una leve mejora en los precios y demanda internacional de buena parte de nuestras exportaciones y de un modesto proceso de sustitución de importaciones. Estas circunstancias posibilitaron una salida relativamente rápida de la crisis y una recomposición de las reservas de divisas. Los superávit gemelos, fiscal y de cuenta corriente, contribuyeron a restablecer la autonomía del estado nacional y a liberar al país de la tiranía del “riesgo país” y de la subordinación a las condicionalidades impuestas por el Fondo y los mercados financieros. De esta manera, el país consiguió romper con el imaginario neoliberal y adoptar medidas de envergadura político, contestatarias de poderosos intereses locales y foráneos. Es evidente que bajo las circunstancias de extremo endeudamiento y condicionalidad de la política económica doméstica imperantes hasta fines de la década de 1990, la reestatización del sistema previsional o la nacionalización de YPF habrían sido imposibles: pero, al mismo tiempo, fue necesaria una firme voluntad política para concretarlas. La promoción e inclusión de extensos sectores marginados por la crisis pasó a ser una orientación central en esta etapa, a través de políticas de empleo, protección y seguridad social. Por su profundidad y alcances, estas políticas condujeron en 6 esos años a una reducción de la pobreza, a la creación de 5 millones de puestos de trabajo, a las transferencias condicionadas de recursos (como la Asignación Universal por Hijo), a la incorporación de 2,5 millones de personas al sistema previsional y a un amplio sistema de subsidios, además de la intervención estatal en las negociaciones salariales. Todas ellas son señales inocultables de una estrategia que favoreció la inclusión social y mejoró la distribución del ingreso. No obstante, la tendencia creciente de las tasas de actividad y de empleo obedeció al incremento de las tasas de actividad de las mujeres. Y pese a que las tasas de actividad permanecieron elevadas y estables entre 2002 y 2010, luego comenzaron a descender. Por su parte las tasas de empleo que crecieron fuertemente desde 2002, se estabilizaron a partir de 2008 y luego empezaron a descender, con lo que comenzó a crecer la tasa de inactividad. Dentro de la PEA se observa la persistencia del trabajo precario, es decir, de empleos sin garantías de seguridad y estabilidad, tendencia favorecida por la subcontratación y tercerización con que los empresarios procuran transferir el riesgo frente a las contingencias del mercado, reducir el costo de la fuerza de trabajo evadiendo el pago de la seguridad social, controlar y disciplinar a los trabajadores ante la amenaza, real o virtual, del despido. Además, frente al impacto de la crisis y el freno del empleo privado, creció fuertemente el empleo público sobre todo en las actividades terciarias y de servicios. En materia institucional, se adoptaron decisiones trascendentales en la normalización de la justicia y la promoción de los derechos humanos. Tras más de dos décadas de virtual inactividad judicial, salvo el histórico juicio a las juntas militares, y pese a los denodados esfuerzos de los movimientos sociales en defensa de los DD.HH., no se había logrado que el Estado asumiera el compromiso de sancionar judicialmente a los responsables de los gravísimos 7 delitos llevados a cabo por la dictadura militar. Recién en los últimos diez años el Estado adoptó una política deliberada en esta materia, para así recuperar la memoria histórica, la verdad y la justicia. Sus acciones se orientaron a la identificación y sanción de los responsables de los delitos cometidos, dándoles el carácter de delitos de lesa humanidad y hoy se trata de juzgar a los corresponsables civiles.
 ➢ Coyuntura actual
Si bien durante el período 2003-2011 la economía argentina experimentó una fase de crecimiento acelerado, subsiste la estructura productiva desintegrada que se concretó en los años 1990 y que, visiblemente o de manera latente, tienden a generar desequilibrios internos o externos que comprometen el objetivo de crecimiento con inclusión social. A partir de 2011, tras ocho años de fuerte recuperación, el ritmo de crecimiento de la economía argentina se redujo considerablemente. Una serie de circunstancias generaron un clima más complejo que en el ciclo expansivo anterior: 1) la contracción de la demanda de nuestras manufacturas consecuencias de la crisis iniciada en EE.UU. y Europa, que se extendió a todos los mercados ; 2) la significativa remisión de utilidades por parte de las filiales de firmas extranjeras radicadas en el país –predominantes en la cúpula empresaria argentina–, utilizada como mecanismo de alivio de la crisis en los países centrales; 3) un proceso de fuga de capitales que se disparó desde la crisis mundial de 2008, frente al que se reaccionó tardíamente; 4) la crisis económica y las políticas contractivas que han detenido el crecimiento de nuestro principal socio comercial, Brasil; y 5) la inflación, provocada por una compleja combinación de factores: el papel cumplido por los formadores de precios en la puja distributiva, niveles de inversión que no siempre acompañaron una demanda expansiva, remarcaciones de precios en 8 línea con movimientos cambiarios especulativos y expectativas negativas amplificadas desde algunos medios de comunicación. También contribuyó decisivamente a esta reversión, el déficit en divisas generado en las cuentas externas del comercio energético, que hasta 2010 habían resultado superavitarias. Por otra parte, el exitoso proceso de renegociación que reestructuró y redujo la deuda externa, es enfrentado actualmente por un reducido porcentaje de acreedores que no ingresaron en el canje de deuda. Los denominados “fondos buitres”, son claramente representativos de un segmento del sistema financiero internacional que busca optimizar su renta, exhibiendo un poder que no sólo afecta intereses nacionales, sino que captura políticamente a los propios países centrales, como Estados Unidos e Inglaterra, contando con la protección de sus sistemas judiciales. Otro aspecto problemático es que no se consiguió modificar sustancialmente el perfil histórico de fuerte dependencia tecnológica de la industria argentina, manifestada en un crónico déficit de un número significativo de sectores y empresas. Es posible que la importante inversión que ha hecho el país en materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación pueda contribuir, en parte, a paliar esta situación. Pero, en un contexto muy complejo, dado el alto grado de extranjerización y concentración que muestra la economía, es necesario implementar una estrategia productiva más profunda a partir de la definición de un perfil industrial de largo plazo. Ese perfil debe apuntar a promocionar la innovación en aquellos sectores donde la Argentina presenta ventajas comparativas potenciales, y a fortalecer la competitividad de las economías regionales y de los sectores con fuertes capacidades de generar empleo. Por cierto, la insuficiencia de divisas y la inflación afectan la evolución de la economía. Frente a la restricción externa el gobierno decidió establecer un 9 régimen de administración restringida de los movimientos de divisas. Por un lado fijó límites a la compra de moneda extranjera por parte de diversos tipos de demandantes locales (posteriormente esto se flexibilizó, permitiendo el acceso de pequeños ahorristas a la compra de divisas); por otro, creó una rigurosa administración de las divisas con destino a importaciones, que aun así continuaron incrementándose en los últimos años. Con el mismo propósito de mejorar el balance de divisas, el gobierno también estableció mecanismos que benefician a tenedores dispuestos a regularizar sus tenencias en moneda extranjera, aun cuando los resultados de esta política no fueron los esperados. Resulta, por lo tanto, indispensable enfrentar estos problemas movilizando los recursos propios, reduciendo los mecanismos de evasión y elusión impositiva conectados estrechamente con la fuga de divisas, y promoviendo mecanismos de retención productiva del excedente.
➢ Asignaturas pendientes
 Al igual que en 2001, y ratificando las orientaciones que planteamos entonces, solo pretendemos actualizar y difundir nuestra posición respecto de los ejes centrales que deberían orientar las políticas estatales a la luz de la experiencia de la última década, de las circunstancias que presenta la actual coyuntura y de las perspectivas del país para enfrentar el desafío de resolver las cuestiones del desarrollo y la equidad, partiendo de la premisa de que el desarrollo económico debería correlacionarse positivamente con la equidad social. La cuestión del desarrollo es tan antigua como el sistema capitalista y su problematización nace, precisamente, con el surgimiento y expansión de una economía de mercado. Pero, en tanto sistema productivo y más allá de sus problemas de acumulación y reproducción, el capitalismo es un verdadero modo de organización social, que genera relaciones de poder y determina en gran 10 medida el lugar de cada individuo en la estructura social, así como el alcance de sus derechos al bienestar y a una vida digna. Por eso, el desarrollo no es solo una cuestión económica sino que abarca múltiples aspectos de la existencia social. El tránsito al desarrollo es necesariamente idiosincrático y se modela en el cruce entre las condiciones generales del proceso de acumulación capitalista a escala mundial y las condiciones particulares del conflicto social en cada país; no hay por ello modelos rígidos. Cada país debe intentar promover su propia versión. Un primer aspecto a dilucidar es qué esquema de división social del trabajo debe establecerse entre el Estado, el mercado y la sociedad civil en la producción de bienes y servicios, así como en la regulación de la actividad socioeconómica. A diferencia del neoliberalismo, que propugna un estado prescindente y confía en que la mano invisible del mercado asigna óptimamente los recursos de una sociedad, consideramos que el Estado tiene un rol irrenunciable en el diseño e implementación de políticas que aseguren el pleno empleo, la competitividad de los mercados, la renovación de la infraestructura física del país, la inversión pública y privada, la transformación de la matriz energética y productiva, el desarrollo e incorporación de tecnologías de punta en los procesos productivos y la promoción de los mercados externos para la producción nacional. Debe, además, procurar altas tasas de inversión, una cuenta corriente equilibrada, una reducción significativa de la inflación y un fortalecimiento de las condiciones de financiamiento de la actividad estatal. El futuro modelo productivo debe basarse en una visión renovada y actualizada del viejo modelo de sustitución de importaciones, que no considera las nuevas orientaciones de la producción de bienes en el mundo actual y es incapaz de enfrentar la “restricción externa”. Es preciso sustituir el futuro, no solo el pasado. Anticiparse a los cambios previsibles impuestos por el avance de la ciencia y la 11 tecnología, incorporando en el tejido productivo las actividades que lideran el desarrollo, para abastecer el mercado interno y exportar. Al igual que las economías avanzadas y emergentes, es preciso ser protagonistas, en condiciones no subordinadas y en eslabones con sustancial valor agregado, dentro de la división internacional del trabajo intraindustrial (a nivel de productos no de ramas) y la formación de cadenas transnacionales de valor. Nada impide que Argentina cuente con una o más empresas terminales en la industria automotriz, para integrar las cadenas de valor con motores y componentes avanzados y, al menos, erradicar el creciente déficit externo del sector. Lo mismo puede afirmarse en las industrias vinculadas a las tecnologías de la información y la producción de bienes de capital. Deben incrementarse las exportaciones de manufacturas y servicios, incluso en las actividades de mayor contenido de valor agregado y tecnología. Estos bienes y servicios constituyen la mayor parte y el componente más dinámico del comercio internacional. Las ventajas competitivas en las actividades de frontera, no están determinadas por la dotación actual de factores sino por la decisión política. La audacia debe ser un elemento esencial de la estrategia de desarrollo industrial, para integrar el territorio y las cadenas de valor. El país cuenta con los medios y capacidades necesarias para ello. Resulta fundamental fortalecer el protagonismo y el entramado de las empresas nacionales, en todas sus dimensiones, Pymes y grandes. No se construye un empresariado nacional y el desarrollo del país, delegando el protagonismo en las filiales de las corporaciones transnacionales. No hay empresarios nacionales sin un Estado desarrollista ni desarrollo sin empresarios nacionales. En ningún lado el desarrollo ha tenido lugar sobre otras bases que la soberanía, el impulso privado y las políticas públicas. Es necesario un nuevo régimen de inversiones extranjeras, 12 como los de China y Corea del Sur. Se trata de asociar a la inversión extranjera al proceso de transformación, orientándola a la incorporación de tecnología, la ampliación de los mercados externos y la vinculación con empresas locales. Sobre estas bases, las filiales dejan de ser causa para ser parte de la resolución de la restricción externa. Para estos fines es preciso erradicar el vocablo de uso frecuente “atraer inversiones”, que implica que el origen de la inversión es esencialmente extranjera, cuando, en la realidad, la fuente fundamental del financiamiento es el ahorro interno y la construcción de una estructura productiva que garantice un resultado sólido de la cuenta corriente del balance de pagos. Urge, entonces, ampliar las bases del cambio tecnológico y la innovación propias, vinculando la educación con la capacitación de los recursos humanos necesarios para las ciencias básicas y la tecnología. Los gastos de investigación y desarrollo, en las empresas, las universidades, los organismos públicos pertinentes, son las inversiones de mayor impacto en el desarrollo económico y social. En el contexto externo, la Argentina deberá continuar afianzando la estrategia de integración al conjunto de la región de que forma parte histórica, cultural, geográfica y políticamente. Durante este primer tramo del siglo XXI, América Latina ha decidido desempeñar un rol distinto, en el orden internacional, que el que le había sido asignado históricamente. El proceso de integración en el ámbito del MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC, que enfrenta serias amenazas, debe ser concebido de modo que los países reduzcan su vulnerabilidad frente a la globalización y transnacionalización, procesos que comprometen la capacidad de decisión autónoma de los Estados nacionales. Estas tendencias, instaladas por el propio desarrollo del capitalismo a escala planetaria, exigen preservar, un espacio propio de decisión, deliberada y responsable, como condición sine qua non para minimizar los efectos regresivos o desestabilizadores de esos procesos sobre el funcionamiento de las sociedades nacionales. 13 Somos conscientes de que la multiplicidad de objetivos planteados genera tensiones que dificultan su logro en el corto plazo y que la coyuntura actual no favorece una rápida superación de los desafíos que enfrenta el proceso de desarrollo, sea por la restricción externa, el relativo deterioro de los términos del intercambio de nuestra producción, el menguante nivel de divisas, el impasse en la situación de la deuda pública y un marco de expectativas desfavorables. Pero, precisamente por estas circunstancias, resulta fundamental definir el rumbo y el escenario al que se apunta, con plena conciencia de que el país cuenta con los recursos naturales y el capital social necesarios para colocarlo en niveles de desarrollo superiores al actual. Una de las condiciones para avanzar en la dirección señalada es construir un Estado que pueda asumir los desafíos planteados. No basta, para ello, con adoptar políticas coherentes para superar gradualmente las condiciones macroeconómicas señaladas. También se requiere recobrar la centralidad del Estado, introduciendo nuevas formas de apertura y participación ciudadana en la gestión pública, propias de un Estado abierto y una democracia deliberativa, que mejore la calidad de las instituciones. Es necesario un Estado que anticipe, planifique y programe, con sentido estratégico, las políticas a adoptar con relación a los distintos aspectos de la gobernabilidad, el desarrollo y la equidad distributiva. Un Estado que establezca rutinariamente procesos de selección según capacidades, concursos periódicos, carrera funcionarial y mayor capacidad de gestión. Un Estado que introduzca, de manera permanente, el seguimiento, control y evaluación de sus políticas, proyectos y resultados, abriendo sus repositorios de datos al escrutinio de la ciudadanía y fortaleciendo, de este modo, la participación cívica, la transparencia y la democracia deliberativa, con un funcionamiento eficiente de las instancias y mecanismos de responsabilización y la institucionalización de juicios de responsabilidad en la gestión. 14 La vigencia del orden constitucional y el respeto a los derechos humanos, configuran un cuadro institucional positivo para encarar la resolución de los problemas de la coyuntura. En la hora actual, se requiere una firme voluntad política para continuar el proceso iniciado después de la última gran crisis, actuando simultáneamente en una gran variedad de frentes. Dentro de la agenda de cuestiones que demandan urgente atención, la reforma de los mecanismos de regulación del sistema financiero no tiene aún el lugar central que merece. El sector financiero del país registra serias deficiencias que se arrastran desde hace varias décadas. Las positivas reformas recientes a la Carta Orgánica del Banco Central, sin embargo, no son suficientes para superarlas. Debería considerarse al sistema bancario como un servicio público para el desarrollo y no, simplemente, una actividad comercial más que debe ser regulada. El Estado debe poder regular la actividad bancaria para que atienda no sólo las actividades de bajo riesgo y alta rentabilidad, sino a aquellas de relevancia desde el punto de vista para la transformación productiva hacia el desarrollo y la inclusión social. Teniendo en cuenta que los depósitos en el sistema no son propiedad de los bancos sino de los ahorristas, bajo responsabilidad y garantía del Estado, es éste quien debe garantizar que el ahorro nacional constituya una palanca de progreso. En tal sentido, es de suma importancia la investigación parlamentaria en curso sobre el papel central que ha tenido la banca extranjera en la fuga de capitales no declarados por parte de sectores de altos ingresos hacia guaridas fiscales. El monto y la significación de esta sangría de recursos merece la atención de la opinión pública, y una acción regulatoria que elimine la posibilidad de estas prácticas financieras predatorias. Del lado de los ingresos fiscales, la estructura tributaria sigue siendo regresiva, por lo cual será necesario incrementar la participación de los impuestos sobre los ingresos y el patrimonio dentro del cuadro de recursos fiscales. En tal sentido, el 15 pago de impuesto a la renta por parte de las empresas debería considerarse como anticipo del que corresponda a las personas físicas involucradas (socios, accionistas, y otros.). También además deberán ser reducidas o eliminadas las exenciones y liberalidades actualmente vigentes. Otras medidas imprescindibles incluyen la fijación de una nueva escala progresiva en el impuesto a las ganancias, la actualización de la imposición a las exteriorizaciones de riqueza de los contribuyentes y la revisión de los alcances y tasas de los impuestos al consumo, para reducir su incidencia sobre los sectores sociales más humildes. Las políticas fiscal y parafiscal en materia de comercio exterior deberán considerarse como herramientas fundamentales de la política económica del país. También exige revisión la legislación ligada a aquellos aspectos de la tributación asociados al proceso de globalización que, a través de la banca global y los demás agentes del negocio off-shore, promueven la evasión y elusión fiscal, la fuga de capitales y el lavado de dinero. Deberá fortalecerse la administración tributaria y las restantes áreas del Estado para enfrentar este grave desafío, elevando la eficacia de su conducción y coordinación. Al respecto, deberá librarse con Brasil y los restantes miembros de la UNASUR una lucha común en todos los foros globales para lograr la desaparición de las “guaridas fiscales” y la limitación de las acciones deletéreas generadas en el campo fiscal por finanzas globales sustancialmente desreguladas. La lucha contra la evasión y elusión impositivas deberá encararse con renovado vigor, dada su significativa incidencia sobre la recaudación tributaria. Para ello, será preciso diseñar y poner en marcha nuevas herramientas tecnológicas y metodológicas en materia de recaudación fiscal, que impacten sobre el volumen de ingresos fiscales. También debería contemplarse la introducción de normas 16 legales, o incluso constitucionales, que destierren definitivamente, o limiten seriamente, la posibilidad de conceder blanqueos, condonaciones o moratorias en situaciones comprobadas de evasión fiscal. El análisis del gasto público está inserto en este proceso de mejora del sistema fiscal, lo que se logrará con la mejor calidad en la elaboración del presupuesto y desde luego de su transparencia y control. Uno de los roles fundamentales del Estado nacional es morigerar los impactos regresivos que el capitalismo produce sobre la distribución del ingreso y la riqueza, dada la propia lógica de sus mecanismos de generación y apropiación del lucro en la actividad económica. Para reducir tales desigualdades, las políticas públicas han ensayado desde transferencias monetarias condicionadas hacia sectores sociales vulnerables, hasta medidas de protección social, producción de bienes públicos o desgravaciones tributarias. Pero a pesar del esfuerzo desplegado, de la inversión realizada y de los numerosos planes y proyectos establecidos, persisten problemas de pobreza, desigualdad y marginalidad que exigen, sobre todo, mejorar la calidad y la gestión de los cuantiosos recursos invertidos en estas políticas compensatorias. Sin pretender abarcar la totalidad de las cuestiones que exigen solución, aludiremos a las políticas de empleo, vivienda, salud y educación. Algunos de los desafíos para las próximas décadas son incrementar el empleo productivo, reducir el desempleo y el trabajo no registrado, luchar contra la precarización bajo todas sus formas y adoptar reformas laborales que garanticen la estabilidad y la seguridad en el empleo. Una menor desigualdad en el trabajo dependerá no sólo de los ingresos, sino también de la mejora en las condiciones de trabajo y de empleo. 17 La lucha contra la desigualdad demanda una acción articulada en varios frentes: aumento del nivel de empleo productivo; reducción del desempleo y de la precariedad; reconocimiento de los derechos colectivos de los asalariados y libertad sindical; generalización de los convenios colectivos de trabajo; institución de un salario mínimo, ajustable periódicamente según los índices de inflación; y garantía de un “ingreso ciudadano”, al margen de una contribución individual a la actividad económica. El problema de la vivienda exige un conjunto de políticas que combatan la especulación sobre los valores del suelo y prioricen la función social de la propiedad. La política estatal debe estimular la construcción y el financiamiento de viviendas dirigido a los sectores de menores recursos. Merecen particular atención los asentamientos marginales, habitados por sectores urbanos pobres, cuyas condiciones de precariedad exigen la adopción de políticas integrales que mejoren sus condiciones de habitabilidad e infraestructura de servicios. En materia de políticas de salud, la adopción de algunas políticas significativas (entre ellas, la Ley de Salud Mental, el acceso integral a la reproducción médicamente asistida y la creación de la Agencia Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud), no han conseguido revertir totalmente un cuadro que sigue siendo preocupante. La creación de un Sistema Único de Salud, que garantice su universalidad, gratuidad, integralidad, y su carácter público y equitativo, es una decisión esencial que se halla pendiente. También se requiere una ley federal de salud que, entre otras cosas, asegure una creciente intervención del Estado en el financiamiento de los servicios públicos de salud. Si bien la descentralización del sistema público de salud ha sido ventajosa en materia de gestión, ha debilitado los mecanismos del Estado nacional para monitorear la equidad global del sistema, rol que debería recuperar. Asimismo, 18 deben implementarse políticas que reviertan el creciente pasaje de afiliaciones de las Obras Sociales hacia las prepagas, e impidan los sistemas de seguros públicos de salud, una forma implícita de financiar al sistema privado como ocurre en muchos países. Por su parte, la atención primaria de la salud debe ser concebida y estructurada estratégicamente, para que deje de ser un servicio de baja calidad destinado a los “pobres”. En el frente epidemiológico deberá prestarse especial atención a la mayor complejidad del panorama sanitario del país. En el último decenio, la educación argentina sufrió cambios significativos. El presupuesto del área supera hoy el 6,4 % del PBI y ofrece una base favorable para formular políticas educativas congruentes con el objetivo de construir un país preparado para enfrentar los grandes desafíos de este siglo. Se ha logrado una mejora sustancial de las remuneraciones de docentes y no docentes; construido un número importante de nuevas escuelas; entregado gratuitamente libros y dispositivos electrónicos a estudiantes; dispuesto la obligatoriedad de la educación secundaria para los jóvenes; incorporado y ampliado la oferta educativa inicial; e incrementado la inclusión educativa de numerosos jóvenes marginados por razones económicas y sociales. Pero los importantes avances ya realizados no deberían ocultar algunas asignaturas pendientes. La oferta pública de establecimientos educativos para niños y niñas de entre 45 días y 3 años de edad, es imprescindible en una etapa tan fundamental para su formación y el logro de una real igualdad de oportunidades. Por su parte, la estructura correspondiente a la enseñanza inicial y primaria que se ha extendido a toda la población debería generalizar, como objetivo prioritario, la doble escolaridad. La enseñanza media constituye hoy el talón de Aquiles del sistema educativo. Atender a una población adolescente requiere definir en primer lugar cuál es el 19 objetivo de la formación en ese nivel. Su rol debería ser colaborar en el crecimiento autónomo del adolescente, proporcionándole herramientas teóricas y prácticas para su formación en libertad, inculcándole un espíritu solidario y un interés activo por su entorno social, por su país y por la realidad mundial. La escuela media debe reducir aún más los déficit que generan repitencia y deserción, fenómenos gemelos que debilitan el papel integrador de la educación pública y son fuente de discriminación social. Somos conscientes de que la solución de estos problemas demandará muchos años y enormes esfuerzos por mejorar la calidad educativa. Entre otras cosas, exigirá reformar la formación docente, actualmente a cargo, principalmente, de los Institutos Superiores de Formación Docente. Sus programas requieren actualización, tanto en materias específicas como en aspectos pedagógicos y didácticos. Además, en todos los niveles de enseñanza, desde los jardines a la escuela secundaria, es imprescindible la intervención interdisciplinaria (trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos, etc.) en el proceso de aprendizaje. En cuanto a la educación superior, si bien se ha expandido el sistema de Universidades nacionales siguiendo criterios de federalización y equidad, debe continuar incrementándose la oferta de carreras universitarias de grado y posgrado, a fin de atender una demanda creciente y diversificada, privilegiando aquellos estudios que mejoren el perfil científico y tecnológico del país. En tal sentido, sostenemos la necesidad de realizar modificaciones fundamentales en la estructura de las universidades, por resultar obsoleto el mantenimiento de facultades disciplinares, cuando la interdisciplinariedad del conocimiento exige nuevas formas organizativas de la oferta de estudios superiores. 20
 ➢ Un debate necesario
 Los análisis, planteamientos y propuestas desarrollados en este documento, reflejan los puntos de vista de un grupo plural de académicos universitarios convocados desde hace casi una década y media por el Plan Fénix. Anima a este grupo el propósito común de reflexionar sobre la experiencia histórica del país, mirando hacia el futuro. La Argentina ofrece hoy una plataforma sólida para consolidar lo logrado, afirmar la justicia social como objetivo y condición necesaria del desarrollo, resolver la restricción externa, estabilizar la economía, erradicar la fuga de capitales y reciclar el ahorro interno en la expansión y transformación de la estructura productiva e integración del territorio. Aspiramos a que nuestros puntos de vista sean discutidos con la serenidad de la reflexión y la pasión del compromiso político. Y a que se sumen a este debate las diversas voces de la sociedad.
Cátedra Abierta Plan Fénix Noviembre de 2015