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"Yo creo que Macri (Mauricio Macri) tiene que informarse un poco
dijo Rosinha, en el marco de la visita que lleva adelante
en Buenos Aires.

El líder del Cambiemos ratificó hoy lo que le dijo ayer en
 rueda de prensa a corresponsales internacionales con respecto
 al opositor venezolano Leopoldo López y que en caso de ganar
 "el mismo 10 de diciembre se pedirá al gobierno de
 Nicolás Maduro que libere a López, y si no lo hace se pedirá
 la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur".

El Mercosur posee una cláusula democrática que prevé suspender
 a un país socio en el bloque y también sanciones, tanto comerciales
como de cierre fronteras, en caso de ruptura del orden democrático.

En ese marco, el alto representante del Mercosur explicó que el
pedido de Macri no tiene asidero, dado que en Venezuela "hubo
elecciones, hubo un vencedor y ese vencedor está en el gobierno
y no está haciendo un golpe en su contra".

"La cláusula democrática es aplicada cuando hay un golpe de
 Estado contra un gobierno constitucional", explicó Roshina según
reproduce la agencia Efe, y recordó además que el protocolo se
aplica por consenso de todos los socios del bloque y "no por la
voluntad de uno solo" de los miembros.

El Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el
Mercosur, suscrito en 1998, marca "la plena vigencia de las
instituciones democráticas" como "condición esencial para el
desarrollo del proceso de integración".

El protocolo resalta que si las consultas resultaran infructuosas,
 los demás socios "considerarán la naturaleza y el alcance de las
medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la
situación existente".

Las medidas, que deberán ser adoptadas por consenso, "abarcarán
 desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos
 de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los
 derechos y obligaciones emergentes de esos procesos".

"Ushuaia I" fue perfeccionado en 2011 mediante un nuevo protocolo,
 denominado "Ushuaia II", que establece la posibilidad de adoptar
sanciones más severas, como cerrar total o parcialmente las fronteras
 terrestres y suspender o limitar el comercio, el tráfico aéreo y marítimo,
 las comunicaciones y la provisión de energía y servicios.

Precisamente, el protocolo fue utilizado en 2012 para suspender
 temporalmente a Paraguay en su participación en el bloque luego
de que el entonces presidente paraguayo Fernando Lugo fuera
 destituido por el Congreso sin un "debido proceso".