Alejandro Slokar y Roberto Gargarella
LEGADO. Un miembro fundador de Justicia Legítima y un constitucionalista crítico del Gobierno disienten en el alcance de dos ideas: independencia y democratización
El saludo fue notablemente cálido y afectuoso. Parados en la explanada de la Facultad de Derecho de la UBA, de la que ambos egresaron y en la que actualmente enseñan, recordaron a viejos profesores y hablaron de literatura durante la sesión de fotos. Ambos son contemporáneos, profesores titulares con sólidos pergaminos académicos y se profesan, se advierte, mutuo respeto intelectual.
Sin embargo, y a pesar de algunas coincidencias, los posicionamientos del kirchnerismo en torno a la Justicia, y la relación del gobierno nacional con el Poder Judicial, los ubican en las antípodas. Uno de ellos, Alejandro Slokar, con más de treinta años de carrera judicial y cargos a los que accedió por concurso, integra la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal -máximo tribunal penal del país- y es uno de los miembros fundadores de Justicia Legítima, la asociación cercana a las políticas del Gobierno. Roberto Gargarella es un experto en constitucionalismo, uno de los intelectuales e investigadores más respetados de la Argentina y América latina y fuerte crítico de la embestida contra la Justicia.
LN-¿Qué discutimos hoy en la Argentina cuando discutimos sobre la Justicia?
AS- Fundamentalmente creo que hay una demanda social ciudadana de una Justicia que no sea tan lenta, tan cara y tan mala. La afirmación de que los sectores desfavorecidos no acceden a la Justicia hay que ponerla en crisis, porque sí acceden pero lamentablemente lo hacen a través del fuero que más profundiza y reproduce las condiciones de desigualdad, que es el fuero penal. Ésta es quizás la cara más visible de la crisis judicial en la Argentina de hoy desde el punto de vista de la demanda ciudadana.
RG- Coincido en eso, pero intuyo que tenemos diferencias en dos temas importantes: independencia y democratización. Hay una idea de independencia que ambos criticaríamos, que la ve exclusivamente preocupada por el poder político, olvidándose de los poderes fácticos. El problema es que esa visión es hija de una sociología política de los años 60 que pone al Estado y a los poderes económicos uno enfrentado al otro, cuando en realidad, hay demasiados vasos comunicantes entre poder político y poder económico. Y si uno pierde de vista este entramado de túneles, se corre el riesgo de terminar favoreciendo el poder concentrado a secas, que hoy es el poder estatal-privado.
LN- ¿Un ejemplo concreto?
RG- La tragedia de Once, en la que hay un entramado de vínculos entre poder político y poder económico. Entonces, un Poder Judicial que no sea lo suficientemente estricto con las autoridades de turno termina dando impunidad. Me parece que muchos integrantes del aparato judicial más vinculado con el Gobierno señalan con razón la gravedad del peso de los grupos económicos descuidando este tipo de vínculos.
AS- Lo que acá hay que celebrar es la admisión de los poderes fácticos como condicionantes para la independencia. Introduciría dentro de los poderes fácticos a sectores de la economía concentrada, grupos de medios de comunicación y la proyección del poder religioso sobre el judicial. Quizás mucho de eso es lo que se puso en crisis con la aparición de Justicia Legítima casi como hecho maldito. Si Justicia Legítima puso de relieve alguna nota es precisamente cómo alterar cierto statu quo interno.
LN- ¿En qué medida "la democratización de la Justicia" fue una oportunidad desaprovechada para hacer reformas indispensables?
RG- Yo defiendo una idea de democratización todo a lo largo, pensando en vínculos más estrechos entre ciudadanos y poder público. Me resultó muy chocante el manojo de leyes relacionadas con la "democratización de la Justicia" porque pecaban por lo insignificante que proclamaban en términos de democratización. Hay algunas reformas muy sencillas que revolucionan el acceso ciudadano a la Justicia. Pero acá pasó otra cosa: limitaron amparos porque se enojaron con ciertos amparos de los jueces o agregaron nuevas instancias. Creo que fue un pésimo comienzo respecto de los valores que se proclamaban. Esto fue lo que agrupaciones como Justicia Legítima defendieron en bloque.
LN-¿Qué cree que es lo que en realidad se puso en juego?
RG- Más allá de lo que el grupo Justicia Legítima diga al respecto, creo que políticamente no había un genuino compromiso de democratizar la Justicia. El compromiso es con preservar ciertos márgenes de libertad de acción. Otros lo llamarán impunidad, no ser cuestionado, no tener obstáculos en el Poder Judicial. Ese es el tipo de dolor que me genera la época: hay grandes valores en juego y se pierde una enorme oportunidad.
AS- A veces indagar en las motivaciones es complejo. ¿Quién iba a decir que la resistencia corporativa iba a ser tan amplia como para neutralizar incluso las mínimas bondades que podía tener en algún aspecto el "paquete de democratización"? Digo esto porque muchas veces las corporaciones se traducen dentro del aparato de Estado en trincheras que impiden algunas reformas. Creo que estaban necesitando alguna perfección inclusive desde el punto de vista técnico, pero el aparato jurídico desde siempre aparece como refractario al conjunto de reformas.
RG- Coincido en que hay una corporación judicial que es resistente a que le toquen sus privilegios. Ahora bien, aún los sectores retardatarios de la corporación judicial, ¿resistirían modificaciones que favorezcan el acceso a la Justicia de los desaventajados? La reforma estuvo orientada a modificar las atribuciones de determinados jueces capaces de ponerle un obstáculo al Gobierno. La corporación no sólo se sintió tocada, también había un consenso social que reconoce una búsqueda de impunidad. Creo que la corporación resistió porque vio que ese tipo de reformas no venían, y las que venían, venían a tocar sus privilegios.
AS- Algunas de las bondades que tenía el paquete anidaban en la necesidad de aproximar la ciudadanía a la Justicia, pero hay cuestiones centrales que nada hacían a esta pretendida impunidad perseguida. Si la acordada de la Corte del año 52 es la norma que hoy todavía gobierna al interior del Judicial, que conserva todavía una jornada laboral de seis horas por debajo de cualquier oficina pública o privada en la Argentina, si conserva todavía dos meses al año de vacaciones, si además se resiste al pago del Impuesto a las Ganancias, si hay privilegios desde el punto de vista previsional, eso hace pensar que la resistencia iba mucho más allá de estas cuestiones.
LN-¿El debate por la ley de subrogancias actualiza estos posicionamientos?
RG- Aparecen estos aspectos otra vez: no hay ninguna duda de que hay nombramientos irregulares, pero uno le sirve en bandeja a la corporación judicial y a quien sea este tipo de reacción cuando todas las evidencias que dejan en el camino muestran que lo que se pretende no es limpiar la forma de nombramientos ni democratizar la Justicia, sino tomar control sobre jueces disidentes. Uno crea la propia resistencia.
AS- Podríamos reconocer que vencer resistencias y tratar de ganar en consensos no es una tarea sencilla. Me parece que desde el punto de vista del contexto habría que analizar el escenario de las disputas, en años electorales. Está claro que más allá de la situación interna de la propia corporación, también aparece fogoneada desde algún sector partidario desde el punto de vista político. No es casual que la marcha del otro día en la plaza Lavalle (N de la R: la marcha por Cabral) aparezca convocada por todos los partidos opositores, junto con la Asociación de Magistrados. No estoy en desacuerdo con las marchas, pero creo que debe haber motivos mucho más nobles para marchar.
LN-Pero la marcha por Nisman también fue considerada por el Gobierno como una marcha "opositora" y oportunista.
AS- Son marchas distintas. En la crisis Nisman había un funcionario muerto. Encuentro moralmente inaceptable la antropofagia judicial de algunos protagonistas que abusaron del símbolo de su cadáver, sobre todo si durante décadas se empeñaron en impedir la obtención de la verdad durante la pesquisa del atentado. En cambio, lo que revela la marcha de Cabral es una convocatoria del abanico opositor a un gobierno y sectores del Poder Judicial. Si en verdad un juez elige el camino de la judicialización, después no puede reclamar la inconstitucionalidad en una plaza pública, porque el sometimiento a la ley de un juez es tanto más importante que otros. Por eso este tipo de mecanismos me parecen vergonzantes, indignos e impropios, independientemente de las bondades o defectos del texto de la ley.
LN-¿No estamos frente a un problema estructural e institucional si en la Argentina más de un 20 % de los jueces son subrogantes?
RG- La subrogancia le conviene al poder de turno, cualquiera sea, porque te permite nombrar más fácilmente a gente cercana; te permite sacarla más fácilmente; te permite que el juez subrogante esté en una situación más frágil, y genera la dificultad de la crítica porque el Gobierno creó un sistema de irregularidad y tiene la posibilidad de presionar o sacar al subrogante que lo molesta o lo denuncia. Al poder de turno le interesa construir irregularidad porque le permite tener jueces cercanos, con una base frágil y, por lo tanto, temerosos, y apenas el juez subrogante molesta al Gobierno, dice "pero este juez está mal nombrado".
AS- El problema de la subrogancia es un dato estructural que tiene hoy todo el sistema judicial argentino y latinoamericano. No es un problema que haya inventado esta administración ni que dependa de la suerte que tuvo el Consejo de la Magistratura a la hora de instrumentar su trabajo. Entiendo que la condición de un subrogante es mucho más vulnerable. Hasta ahora nadie se horrorizaba por la situación, no de Cabral, sino de tantos otros subrogantes con designaciones procedentes de las Cámaras. Quiero decir: hay que tener cuidado con caer en la trampa de que el Poder Judicial no es permeable a ninguna presión.
RG- Me parece deleznable cómo se ha implementado el sistema de subrogancias en el país desde siempre, porque la subrogancia debe ser para resolver algún caso muy puntual y de modo efímero. Alejandro dice bien: es un mal que recorre América Latina.
LN-¿Hay un hilo de Ariadna que une a Campagnoli, Fayt y Cabral?
AS- No veo que las situaciones puedan ser parificadas. Fayt fue uno de los juristas más reconocidos del país, pero la utilización de un amparo para conservarse más allá del límite de los 75 años que le impone la Constitución no puede predicarse virtuosa. Con todo, la actuación en la Comisión de Diputados no resulta regular porque no se formalizó la vía del juicio político. Cabral -por quien guardo respeto, que creo recíproco- nunca debió acceder a la Cámara de Casación porque su designación fue contraria a la ley, como lo vengo sosteniendo desde hace cuatro años. Al fiscal Campagnoli no lo conozco, sino por cobertura mediática.
RG- Yo agregaría en esa lista el caso de la muerte del fiscal Nisman para insistir con una idea: con Nisman, Cabral y otros, se reconoce en el Gobierno una estrategia de "construcción de la irregularidad" que degrada al personal de Justicia todo a lo largo y luego, frente al primer problema -algún miembro que incomoda al poder político-, se convierte al acusador en acusado, en nombre de la irregularidad que lo afecta. A Nisman, por ejemplo, se lo selecciona a pesar de que no era una personalidad jurídica destacada; se lo inunda de dinero; se lo vincula con el lado más oscuro de los servicios de inteligencia, y luego, frente al primer problema serio (el fiscal acusa a la Presidenta), se lo señala a él, y se lo pone en cuestión (con él ya muerto) por su falta de capacidad, por el dinero que tenía a su disposición y por sus vínculos con lo más oscuro de los servicios de inteligencia. En el caso de Cabral ocurre algo semejante: se lo tiene en situación de irregularidad y eso no es un problema hasta que Cabral aparece como alguien más molesto de lo deseable, y entonces se lo convierte inmediatamente en acusado.
LN- ¿Qué lectura hacen de que a seis meses del fallecimiento de Nisman todavía se ignoren las circunstancias de su muerte?
AS- La demora en la respuesta por parte del Poder Judicial se hace tanto más evidente frente a casos emblemáticos como éstos, pero no podemos soslayar que la causa resulta tributaria de todos los factores ocultos que se visibilizaron tras la muerte del fiscal, en especial la promiscua relación de magistrados con la clandestinidad de la llamada "inteligencia".
RG- En lo personal, nunca me entusiasmé con el trabajo de Nisman. Uno puede entender la complejidad del caso, y por tanto las dificultades propias de la investigación en un asunto de este tipo. Lo que resulta inaceptable es el discurso oficial luego de la muerte del fiscal, un discurso de una irresponsabilidad extraordinaria. Que desde la máxima instancia política nacional se pueda afirmar un día que el fiscal se suicidó, y al día siguiente simplemente lo contrario, bajo el título de "no tengo pruebas pero tampoco dudas de que fue un asesinato," es una falta de respeto que ninguno merece. Ni la familia de Nisman, ni la comunidad judía, ni ningún ciudadano. Que frente a la muerte de Nisman, el aparato oficial haya puesto su fuerza y su dinero para presentar al muerto como un inmoral, un corrupto, alguien con una vida disipada -y por tanto, alguien que no merecía ser objeto de la preocupación pública- es de una indignidad que nos daña a todos.
QUIÉNES SON
ROBERTO GARGARELLA
Constitucionalista, investigador y ensayista. Es abogado y sociólogo (UBA), doctor en Leyes por la Chicago University y la UBA y magister en Ciencia Política (Flacso). Es profesor titular en la UBA y en la Universidad Di Tella. Obtuvo prestigiosas becas de investigación, entre ellas, Fullbright, John Guggenheim Memorial Foundation y Fundación Antorchas
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ALEJANDRO SLOKAR
Juez, docente e investigador. Egresado de la Facultad de Derecho de la UBA, es profesor titular por concurso de Derecho Penal en la UBA desde 2008. Investigador del Conicet, es coautor con Raúl Zaffaroni y Alejandro Alagia de un tratado de Derecho Penal. Desde 2011 es juez de la Cámara Federal de Casación Penal y uno de los principales impulsores de Justicia Legítima..
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