UNA PELIGROSA CONTRARREFORMA POLICIAL

 Por Eduardo Toniolli*

Tras largos cabildeos, el Secretario de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, José Spadaro, anunció -en la edición de Rosario/12 de ayer- un verdadero proyecto de contrarreforma policial del oficialismo provincial.

Más allá de títulos y definiciones altisonantes, e incluso de algún acierto parcial con el que podemos coincidir, el corazón de la propuesta (con la que discrepamos profundamente) es dar por tierra con la Ley Provincial de Personal Policial 12.521, aprobada con amplio acuerdo legislativo en los estertores del gobierno de Obeid, pero nunca aplicada en sus aspectos sustanciales por los gobiernos de Binner y Bonfatti.

Hemos señalado con insistencia que de haberse puesto en marcha uno de ellos -los tribunales civiles para los ascensos en reemplazo de las viejas juntas de calificaciones-, se podría haber avanzado en estos años en mayores grados de conducción política: mientras los ascensos, los traslados, las investigaciones internas, las carpetas médicas, en suma, los premios y castigos, estén en manos de la jerarquía de la misma fuerza y no del poder civil, nacido de la voluntad popular, el autogobierno policial se irá profundizando. En síntesis: los gobiernos de Binner y Bonfatti tuvieron la herramienta en sus manos, la Ley 12.521, y no quisieron, no pudieron o no supieron aplicarla. Tenemos para nosotros que no quisieron.

De hecho, Hermes Binner hizo campaña durante el año 2007 prometiendo su derogación en prolijos volantes dirigidos a la tropa, pero cuyos destinatarios últimos eran los regentes de la corporación, a los que -de esa manera- les espetaba: "Tranquilos, vamos a cogobernar". Ese volante preanunciaba el protagonismo de los Hugo Tognoli y los Cristian Sola.

Otro tanto sucedió con Antonio Bonfatti. Demostrativo de ello resulta la resolución de la insurrección policial de diciembre de 2013, que -aunque rechacemos sus formas- se fundaba en reclamos salariales comprensibles de la base de la fuerza, que fueron rápidamente mejicaneados y usufructuados por la jerarquía de la misma, para arrancarle al gobernador dos concesiones que nada tenían que ver con el reclamo de los policías de calle. Una de ellas fue formalizada en el decreto firmado para salir del atolladero: ascensos sin tribunales civiles y sin cupos, a contramano de la citada Ley. La otra concesión se hizo efectiva a las dos semanas: el veto de la flamante Ley de Policía Judicial que, bajo nuestro impulso, ambas cámaras habían aprobado por unanimidad unos días antes, poniendo en manos de los fiscales una herramienta propia para la investigación de los delitos complejos.

Spadaro, vocero de Lifschitz en la materia, hoy nos quiere hacer creer que la "relajación de las jerarquías" y el autogobierno policial son la resultante de la Ley de Personal Policial vigente, y no de su incumplimiento. Más aún, propone eliminar de la normativa la nunca aplicada injerencia civil en los ascensos, porque argumenta donde quiso aplicarse (da el ejemplo de Mendoza) provocó una reacción de la fuerza. Ergo: frente a la respuesta corporativa hay que poner rodilla en tierra. Pero las dos.

Propone además Spadaro otra involución normativa, volviendo al viejo sistema aristocrático en el que había una casta destinada (por relaciones sociales y familiares u oportunidades previas) a hacer carrera dentro de la oficialidad, y otra a ascender exclusivamente en los rangos de la suboficialidad. Aquella doble pirámide se fundaba en las condiciones de ingreso de los cadetes, según contaran con estudios primarios o secundarios. El requisito de estudios secundarios completos que hoy rige para el ingreso hace inútil una división que sólo serviría para perpetuar divisiones fundadas en relaciones familiares, de clase o corporativas. De ponerse en plena vigencia la pirámide única y los tribunales civiles, en cambio, se jerarquizaría al mérito, el esfuerzo y la capacitación permanentes como herramientas de ascenso.

Por último, párrafo aparte merece la propuesta del gobernador electo Miguel Lifschitz de nombrar al Jefe de Policía de la Provincia con acuerdo parlamentario, medida que -de aplicarse- nos pondría de cara a una situación absurda: tendríamos un Jefe policial con más estabilidad (y por ende con más poder) que su superior inmediato, el Ministro de Seguridad. Un auxiliar técnico (el Jefe de Policía lo es, o debería serlo) debe estar a tiro de decreto del conductor de la fuerza, el gobernador de la Provincia de Santa Fe, y su estabilidad no puede estar sujeta a un complejo proceso parlamentario que lo empodere, incluso por encima de funcionarios políticos de primera línea.

Esta columna de opinión pretende convertirse en una señal de alarma: de aplicarse la propuesta contrarreformista del Frente Progresista, se profundizará la autonomía policial que derivó en el crecimiento exponencial de la violencia urbana que atraviesan los grandes centros urbanos de nuestra provincia.

*Diputado Provincial. Frente Para la Victoria.