Hay 25 jueces envueltos en delitos de lesa humanidad
“Un sector de derecha del Poder Judicial no quiere juzgar a los civiles”
Lo dijo Pablo Llonto en una movilización que hubo hoy en el Palacio de Tribunales. Organismos de DDHH y abogados querellantes repudiaron las últimas resoluciones “que obstaculizan el juzgamiento de los responsables civiles de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado”, según señala el texto que entregaron a la Corte Suprema.
ANTECEDENTES
- Un debate sobre los obstáculos para juzgar la complicidad civil
- "Hay que trabajar para sancionar la complicidad civil y judicial"
Los pasos de unos treinta abogados y abogadas resonaron hoy en el pasillo del cuarto piso de los tribunales porteños. Eduardo Tavani, uno de los organizadores de la movida, encabezó la fila. Llevaba en un sobre de papel madera la nota con su firma y la del abogado Pablo Llonto. En el texto –al que accedió Infojus Noticias- los abogados querellantes repudiaron “las últimas resoluciones dictadas por distintos tribunales del país que obstaculizan el juzgamiento de los responsables civiles de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado” y le pidieron al máximo tribunal que haga “una profunda autocrítica del rol cumplido por jueces y funcionarios del Poder Judicial” durante la dictadura. “Muchos nada investigaron y sólo se limitaron a rechazar los miles de habeas corpus que inundaban los tribunales del país en ese período”.
Además de abogados querellantes en delitos de lesa humanidad, había familiares y víctimas muy activos en el impulso de las causas judiciales. Cuando se acercaban a la mesa de entrada, tres hombres de traje, corpulentos, les salieron al paso. “No pueden estar acá. Tienen que esperar abajo”, dijo uno. Según se dijo, eran empleados de la secretaría de seguridad de la Corte Suprema, y se los veía bastante incómodos.
-Somos abogados querellantes en causas de lesa humanidad- contraatacó Tavani, ex director del Instituto Espacio para la Memoria (IEM)-. Venimos a presentar esta nota ante la Corte Suprema.
Hubo un pequeño revuelo. Algunos abogados se quejaron de que los dejaron encerrados en el sector de escaleras, entre dos corredores, esperando en la antesala del pasillo que conduce al despacho de Lorenzetti. Javier López Calderón, secretario de la Comisión Interpoderes que impulsó el presidente de la Corte en 2009, apareció y pidió que sólo ingresara una comisión pequeña en representación del grupo, y que el resto esperara afuera. Los letrados aceptaron. Entregaron en la mesa de entradas una copia original del documento que llevaba un centenar de adhesiones de legisladores, dirigentes sindicales y abogados de unas cincuenta organizaciones.
La delegación que pidió una audiencia con Lorenzetti para “explicarle el contenido de la carta”, fue integrada por el propio Tavani, Adriana Taboada (Centro de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte), Beinuz Smukler (titular de la Asociación Argentina de Juristas), Hugo Cañón (ex fiscal general federal de Bahía Blanca), Ciro Annicchiarico (abogado de la Secretaría de Derechos Humanos) y Julio Morresi (Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas). Bajaron un rato después, sin una respuesta definitiva. “Nos recibió Reinaldo Rota, el secretario letrado de (Ricardo) Lorenzetti, y dijo que nos iban a avisar en unos días si nos daba la audiencia o no”, dijo Taboada a Infojus Noticias, después de salir.
La convocatoria había sido al mediodía en la plaza Lavalle, junto al monolito que recuerda a los abogados secuestrados y desaparecidos durante la dictadura, sobre la calle Talcahuano. Fueron llegando unos treinta abogados querellantes, familiares y funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Ana Oberlin, directora Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Jorge Auat y Carolina Varsky, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad; Victorio Paulón, de CTA; Ángel Gutiérrez, de la Asociación de ex Presos Políticos; Genoveva Ares, querellante en la causa de El Vesubio; Julio D’Alessandro, ex detenido en la causa por Mercedez Benz; la abogada histórica Mirta Mántaras; Iris Avellaneda, sobreviviente de Campo de Mayo, entre otros.
La entrega del documento era al mismo tiempo un pronunciamiento político sobre el estancamiento de los juicios contra cómplices civiles y el mandato que había surgido de las últimas “Jornadas nacionales de abogadxs de lesa humanidad”, llevadas a cabo en el mes de abril. “En febrero y marzo de este año, distintos tribunales de Argentina dictaron la falta de mérito de imputados civiles en las causas de lesa humanidad. Ahora vamos a denunciar que son conductas antidemocráticas, basadas en cuestiones ideológicas, porque hay un sector de derecha dentro del Poder Judicial que no le interesa ni quiere juzgar a los civiles responsables de delitos de lesa humanidad”, dijo Llonto. “Además, como entre los civiles hay jueces, secretarios y fiscales, le pedimos a la Corte que haga una autocrítica del rol que cumplieron”, agregó.
Según datos del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación, son 25 los jueces envueltos en delitos de lesa humanidad. También hay nueve fiscales, trece secretarios o asesores de menores, y tres defensores oficiales.
“Es una suerte de retroceso de estos procesos que incluye demoras, fallos adversos muy llamativos, libertades, falta de integración de los tribunales que tienen que intervenir”, apuntó Annicchiarico, que sigue la megacausa de Campo de Mayo que tiene más de 600 causas en su interior (llamados “casos”). En el fuero de San Martín, hay quejas de los sobrevivientes y los familiares. La jueza federal Alicia Vence avanza cansinamente en las pesquisa, y hay 13 causas elevadas a juicio oral esperando fecha de inicio –entre ellos el de la responsabilidad de los directivos de Ford- mientras que el tribunal oral tiene un solo juez. “La única jueza es la presidenta del tribunal Marta Miloc. Héctor Sagretti se excusó de intervenir, y una jueza que intervino en los primeros juicios se jubiló. En lo que va del 2015, no tuvimos juicios.
Auat dijo que “los fallos Blaquier, el de Papel Prensa y las resoluciones en Bahía Blanca preocupan y hemos elaborado un documento”, dijo el fiscal general. “Estos casos activan alertas, y los organismos empiezan a tomar previsiones, porque el proceso de Memoria, Verdad y Justicia puede entrar en crisis”, concluyo.
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